Con el propósito de dificultar la comercialización de objetos de posible procedencia ilícita y fortalecer la protección del patrimonio de los ciudadanos, la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, presentó una iniciativa para que las casas de empeño estén obligadas a comprobar que las personas que entregan bienes en garantía acrediten ser sus legítimos propietarios o cuenten con el derecho legal para disponer de ellos.
La propuesta plantea modificar el artículo 65 Bis 5 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer que estos establecimientos deberán solicitar y conservar documentos que permitan comprobar la propiedad de los artículos recibidos antes de concretar cualquier operación prendaria.
Entre la documentación que podría utilizarse se encuentran facturas, comprobantes de compra, contratos, constancias de adjudicación u otros documentos que acrediten la legítima posesión del bien.
La legisladora explicó que, cuando la persona no cuente con dichos documentos, deberá firmar una declaración bajo protesta de decir verdad en la que manifieste ser propietaria, legítima poseedora o tener derecho para disponer del objeto, sin que ello la exima de las responsabilidades civiles o penales que pudieran derivarse en caso de proporcionar información falsa.
Ivonne Ortega señaló que, aunque la legislación vigente establece diversas obligaciones para las casas de empeño, actualmente no existe un requisito expreso que las obligue a verificar la procedencia de los bienes antes de recibirlos como garantía.
A su consideración, esa omisión representa un área de oportunidad para fortalecer la regulación del sector, ya que dificulta rastrear el origen de los artículos y facilita que bienes obtenidos mediante delitos patrimoniales puedan incorporarse al mercado formal.
La diputada aclaró que la iniciativa no pretende convertir a las casas de empeño en autoridades investigadoras ni asignarles funciones de persecución del delito, sino establecer un deber mínimo de diligencia que contribuya a otorgar mayor certeza jurídica a las operaciones comerciales.
Indicó que la medida también busca fortalecer los mecanismos preventivos para reducir las posibilidades de que objetos robados sean utilizados como garantía o comercializados a través de estos establecimientos.
Como parte de la exposición de motivos, la legisladora retomó datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, que revelan que durante 2023 se registraron alrededor de 6.1 millones de robos o asaltos en la vía pública y en el transporte público, con una tasa de 6 mil 526 delitos por cada 100 mil habitantes.
Las estadísticas muestran además que el 57 por ciento de los robos incluyeron el despojo de teléfonos celulares, mientras que en el 63.5 por ciento de los casos las víctimas también perdieron dinero en efectivo, tarjetas bancarias o cheques, artículos que por sus características pueden incorporarse fácilmente al mercado secundario.
Para Ivonne Ortega, estos datos evidencian la necesidad de reforzar los controles sobre los bienes que ingresan a las casas de empeño, con el objetivo de reducir los espacios donde puedan colocarse objetos de origen ilícito y brindar mayor protección tanto a los consumidores como a los propietarios legítimos.
La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis y discusión en la Cámara de Diputados, donde se determinará la viabilidad de incorporar estas nuevas obligaciones dentro del marco legal que regula el funcionamiento de las casas de empeño en el país.
