Ciudad de México.- Un juez federal mexicano ordenó abrir un proceso judicial contra el exgobernador del sureño estado de Guerrero, Ángel Aguirre (2011-2014), acusado de mandar a destruir vídeos de la desaparición en 2014 de 43 estudiantes de la escuela de magisterio de Ayotzinapa, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).
“Fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas bajo la hipótesis de que el servidor público ocultó información de alta relevancia relacionada con la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (Guerrero)”, dice un comunicado de la fiscalía.
En una audiencia que duró casi 14 horas, hasta la madrugada del miércoles, el juez escuchó las presuntas evidencias presentadas por un agente del Ministerio Público, integrante de la unidad especial de investigación y litigación para el Caso Ayotzinapa.
El juzgador consideró que la defensa no pudo comprobar que Aguirre, detenido el pasado 6 de agosto, no se encontraba en Guerrero cuando supuestamente ordenó destruir vídeos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en Iguala.
Frente a esas instalaciones judiciales, una patrulla de policías municipales interceptó uno de los cinco autobuses en los que viajaba un centenar de alumnos, entre ellos 43 jóvenes que resultaron desaparecidos.
“La localización de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa constituye una ineludible responsabilidad del Estado mexicano con las familias de los jóvenes”, puntualiza la Fiscalía.
DOCE AÑOS DE INVESTIGACIONES
La noche del 26 de septiembre de 2014, cinco autobuses en los que viajaban los jóvenes hacia la Ciudad de México -a la manifestación anual que conmemora la masacre de universitarios del 2 de octubre de 1968- fueron atacados por cinco patrullas de policías de varios municipios, que los persiguieron en la ciudad de Iguala, a unos 200 kilómetros de la capital del país.
Las pesquisas realizadas durante más de una década indican que los jóvenes fueron entregados al grupo criminal narcotraficante autodenominado Guerrero Unidos.
Ese cártel narcotraficante los habría asesinado, pero sólo los restos de tres muchachos han sido confirmados con estudios genéticos en restos óseos calcinados hallados cerca de Iguala.
Un testigo que estuvo en silencio casi 12 años dijo en enero pasado que el exgobernador ordenó desaparecer los vídeos que podrían confirmar un momento de la secuencia de los hechos, informó el 6 de agosto la fiscal general de México, Ernestina Godoy.
Godoy, que reemplazó en diciembre pasado a Alejandro Gertz, fiscal general desde 2019, explicó que el testigo colaborador no habló antes porque “había sido amenazado”.
La fiscal implementa un “reanálisis” de las extensas actuaciones judiciales existentes en el caso.
La fiscalía sostiene que el denominado quinto autobús “ocupado” por los jóvenes en la terminal de autobuses de Iguala, estaba cargado con heroína con destino a Chicago, EU. (Sputnik)
