Buenos Aires.- Una jueza federal argentina instó a la empresa israelí Navitas y a la británica Rockhopper a que se inhiban de comenzar o proseguir con obras vinculadas a un proyecto de exploración de petróleo en las islas Malvinas, ocupadas por Reino Unido desde 1833 y cuya soberanía reclama la nación sudamericana.
“La justicia federal ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar o continuar las obras vinculadas al emprendimiento petrolero León Marino en las islas Malvinas”, informaron este martes fuentes judiciales a la Agencia Sputnik.
La jueza federal de la localidad fueguina de Río Grande (sur), Mariel Borruto, hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (Cecim) y por la Asociación de Abogados Ambientalistas al conceder una medida cautelar que frene el proyecto petrolero “León Marino”, el más importante que se desarrollaría en el archipiélago.
La medida alcanza la perforación, infraestructura submarina, extracción de hidrocarburos y las obras portuarias y terrestres asociadas del proyecto hidrocarburífero, situado en la plataforma continental argentina, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas.
En el marco de la acción preventiva por daño ambiental colectivo iniciada por los demandantes, la magistrada también ordenó realizar una evaluación ambiental de la iniciativa.
La resolución describe un emprendimiento de gran escala que, según la documentación incorporada al expediente, contempla 23 pozos: 16 productores de petróleo, seis de inyección de agua y uno de inyección de gas, además de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga y una infraestructura submarina compuesta por colectores, líneas de flujo, sistemas de control y otros equipos.
También se contemplan instalaciones terrestres y portuarias en Puerto Argentino para sostener la actividad en el lecho marino.
La magistrada aclaró que se trata de una medida cautelar y que, por lo tanto, “no importa (el) pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas” ni sobre todas las cuestiones que deberán resolverse en el juicio principal.
La jueza consideró acreditados los elementos necesarios para intervenir de manera preventiva, sobre todo tras la información oficial proveniente de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente, que consignaba que “no se ha iniciado ningún aviso de proyecto ni han iniciado un procedimiento de evaluación de impacto ambiental con las empresas mencionadas”.
Para Borruto, ese dato resulta determinante, porque la Ley General del Ambiente exige una evaluación previa para las actividades susceptibles de producir una degradación significativa del ambiente.
“No se afirma que el daño ambiental invocado se producirá, ni ello podría afirmarse en este estado del proceso”, señaló Borruto.
Según la magistrada, “lo que se constata es que las demandadas han omitido sustanciar el procedimiento legalmente previsto para determinar, precisamente, si el daño habrá de producirse y con qué medidas corresponderían prevenirlo o mitigarlo”.
Otro de los argumentos centrales de la resolución fue el peligro de que, mientras se tramita el expediente, las obras avancen hasta generar situaciones difíciles de revertir.
“El peligro en la demora adquiere especial intensidad cuando se procura prevenir un daño ambiental”, sostuvo, al añadir que “el riesgo no es hipotético ni remoto”.
El fallo menciona la denominada Decisión Final de Inversión adoptada en diciembre de 2025, los contratos para la unidad flotante de producción y el equipo de perforación, y documentación que indicaría que las obras de adaptación de esa infraestructura ya comenzaron.
Las empresas demandadas tienen domicilio en el extranjero, por lo que deben ser notificadas mediante los mecanismos previstos en el Convenio de La Haya, lo que podría insumir un tiempo considerable.
Además de ordenar la suspensión de las obras, la jueza intimó a Rockhopper y Navitas a que presenten una declaración jurada y documentación respaldatoria sobre el estado del proyecto.
El Gobierno argentino informó el lunes que volverá a recurrir a la justicia para presentar nuevas denuncias contra empresas petroleras que realicen proyectos de exploración o de exploración de petróleo en las islas Malvinas.
Buenos Aires y Londres libraron en 1982 una guerra durante 74 días por el control del archipiélago que terminó con la rendición argentina y que dejó un saldo de 649 argentinos y 255 británicos muertos.
La disputa de soberanía continúa abierta en el ámbito internacional a través de la ONU, que ha instado a ambos países a negociar una solución pacífica al conflicto. Sputnik
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
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