La diputada federal Ofelia Socorro Jasso Nieto presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y establecer sanciones más severas cuando el delito de despojo sea cometido contra personas adultas mayores.
La propuesta plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 395 del Código Penal Federal, con el propósito de incrementar las penas cuando el despojo afecte un inmueble propiedad o en legítima posesión de una persona adulta mayor.
De acuerdo con la iniciativa, las sanciones podrían aumentar hasta en una mitad. El incremento podría llegar hasta dos terceras partes cuando en la comisión del delito se utilice violencia física o moral, se impida a la víctima el acceso o uso del inmueble que habita, exista una relación familiar, de asistencia, dependencia, confianza o cuidado, o se empleen documentos falsos, actos simulados o mecanismos fraudulentos.
Jasso Nieto, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, señaló que para muchas personas adultas mayores la vivienda constituye uno de los principales componentes de su patrimonio y representa también un espacio relacionado con su estabilidad económica, arraigo familiar e independencia.
La legisladora sostuvo que este sector puede enfrentar situaciones de despojo tanto por parte de personas ajenas como dentro de su propio entorno, particularmente mediante abusos de confianza.
Según los datos citados en la iniciativa, durante el primer semestre de 2026 se registraron 14 mil 695 denuncias por despojo en México. La propuesta también refiere información del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, de acuerdo con la cual 37 por ciento de las víctimas de despojo atendidas por ese organismo son personas mayores de 60 años.
La iniciativa señala además que las viviendas concentran una parte importante de los reportes: 44 por ciento corresponde a casas habitación y 14 por ciento a departamentos. También refiere que entre los posibles agresores identificados en los casos atendidos por el Consejo Ciudadano se encuentran familiares, arrendatarios y personas cuidadoras.
La propuesta contempla que el agravamiento de las penas opere cuando el inmueble sea propiedad o esté en legítima posesión de la persona adulta mayor, con especial atención a los casos en los que exista violencia, abuso de confianza o utilización de mecanismos fraudulentos.
La legisladora ha presentado anteriormente otras propuestas relacionadas con la protección de los derechos y patrimonio de las personas adultas mayores. En marzo de 2026, por ejemplo, presentó una iniciativa para incorporar en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores el concepto de vivienda adecuada, vinculándolo con condiciones de seguridad, accesibilidad, funcionalidad y disponibilidad de servicios básicos.
La nueva propuesta de reforma al Código Penal Federal deberá continuar con el proceso legislativo correspondiente antes de que pueda convertirse en una modificación legal.
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