Ciudad de México.- La diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa para incorporar a la legislación mexicana la explotación económica o comercial digital de niñas, niños y adolescentes mediante el uso de su imagen, voz o datos personales en redes sociales y plataformas digitales.
La propuesta plantea adicionar la fracción IX al artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de establecer que las autoridades federales, estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán prevenir, atender y sancionar este tipo de prácticas. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 8 de septiembre y se encuentra en proceso legislativo.
De acuerdo con el planteamiento de la legisladora, la explotación económica o comercial digital comprendería el uso sistemático de la imagen, voz o datos personales de personas menores de edad en redes sociales, plataformas digitales o medios de transmisión para generar ingresos, monetización o beneficios publicitarios, cuando esta actividad afecte derechos como la privacidad, educación, salud mental, desarrollo integral o descanso.
Rojo Pimentel señala que la propuesta busca atender el crecimiento de contenidos digitales en los que niñas, niños y adolescentes aparecen de manera recurrente como parte de actividades que generan ingresos, patrocinios o beneficios comerciales para sus padres, tutores o terceras personas.
En la iniciativa se hace referencia a este fenómeno como “sharenting comercial” o “trabajo infantil digital”, términos utilizados para describir la publicación frecuente y con fines económicos de imágenes, videos, información personal o aspectos de la vida privada de menores.
La legisladora sostiene que algunas de estas prácticas pueden presentarse como entretenimiento familiar o actividades recreativas, pero plantea que la utilización sistemática de la imagen de una persona menor de edad con fines comerciales requiere una regulación específica.
Entre los argumentos incluidos en la propuesta se citan estimaciones según las cuales una proporción importante de niñas y niños con acceso a internet tiene presencia digital desde edades muy tempranas. También se señala que los padres o tutores pueden publicar numerosas fotografías y videos de menores antes de que estos tengan capacidad para decidir sobre su exposición pública.
A partir de este escenario, la iniciativa plantea incorporar expresamente la explotación económica o comercial digital dentro de las conductas que deben ser prevenidas, atendidas y sancionadas por las autoridades responsables de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Otro de los objetivos señalados es establecer límites para que la representación legal que ejercen padres, tutores o custodios no implique afectaciones a otros derechos de los menores cuando exista un beneficio económico relacionado con publicidad, patrocinios o monetización de contenido.
La propuesta también plantea que la protección abarque el uso de datos personales, además de la imagen y la voz, debido a la cantidad de información que puede quedar disponible públicamente mediante contenidos publicados en plataformas digitales.
La iniciativa parte del reconocimiento de que la generación de ingresos mediante redes sociales y plataformas de video se ha convertido en una actividad económica relevante y plantea que el marco de protección de la infancia debe contemplar las nuevas formas de exposición y aprovechamiento comercial que surgen en ese entorno.
Por tratarse de una iniciativa, las modificaciones propuestas todavía no forman parte de la legislación vigente. El documento fue turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados para su análisis y eventual dictaminación.
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