Estado de México.- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, obtuvo un nuevo avance en su intento por dejar el penal del Altiplano y continuar su proceso bajo prisión domiciliaria, luego de que un juez federal concediera una suspensión definitiva relacionada con la medida cautelar que mantiene vigente su encarcelamiento.
La resolución judicial no significa, por ahora, que Ruffo ya se encuentre bajo arresto domiciliario. El siguiente paso será que se lleve a cabo la audiencia correspondiente para determinar si la prisión preventiva puede ser modificada y cumplida en su domicilio.
Ruffo permanece privado de la libertad mientras enfrenta un proceso por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de combustibles, dentro de las investigaciones por el denominado huachicol fiscal.
La defensa del exgobernador ha argumentado que existen condiciones para que pueda continuar enfrentando el proceso desde su domicilio, entre ellas su edad y circunstancias relacionadas con su estado físico, además de sostener que no representa un riesgo de fuga.
La resolución conocida esta semana representa un cambio relevante en el camino jurídico que ha seguido la defensa, aunque todavía no equivale a una orden definitiva para trasladarlo a su casa.
La familia de Ruffo ha señalado que permanece a la espera de que se establezca la fecha para la audiencia en la que deberá analizarse formalmente la modificación de la medida cautelar.
El caso mantiene especial atención debido a que Ruffo fue gobernador de Baja California y posteriormente se desempeñó como senador de la República, además de haber sido una figura destacada de la oposición durante la transición política del país.
Por ahora, el escenario es claro: Ernesto Ruffo continúa en el Altiplano y su situación jurídica no ha cambiado de manera definitiva. Lo que sí ocurrió es que una resolución judicial abrió nuevamente la posibilidad de que la prisión preventiva sea cumplida bajo resguardo domiciliario.
La decisión final dependerá de la audiencia y de los argumentos que presenten tanto la defensa como las autoridades correspondientes.
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