Ciudad de México.— La llamada “Ley Antimemes” volvió a ocupar el centro del debate público en México luego de que dos reformas relacionadas con propiedad industrial y derechos de autor avanzaran en el Congreso de la Unión.
El término “Ley Antimemes” no corresponde al nombre oficial de una legislación. Se trata de una denominación utilizada en el debate público para referirse a dos proyectos distintos que plantean nuevas reglas sobre el uso de identidad gráfica institucional, contenidos protegidos por derechos de autor y responsabilidades de plataformas digitales.
En el Senado, el debate se concentró en una modificación al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
El proyecto incorporó el artículo 403 Bis, relacionado con el uso de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos y otros signos oficiales de instituciones públicas.
Durante el proceso en comisiones, el senador Javier Corral planteó modificaciones al texto para precisar el alcance de la conducta sancionada. La redacción aprobada en comisiones estableció penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil UMA cuando, a escala comercial, se utilicen, reproduzcan, imiten o incorporen elementos de identidad oficial con la intención de inducir a error o engaño y cometer un ilícito.
El debate surgió porque la iniciativa fue identificada en redes sociales como una “Ley Antimemes”, debido a que inicialmente se interpretó que podría alcanzar contenidos de sátira, parodia o crítica política.
Sin embargo, el texto modificado establece elementos adicionales relacionados con la finalidad comercial, el engaño y la intención de cometer un ilícito. Verificado también señaló que el dictamen no establece una sanción específica por realizar memes o parodias políticas.
Este 30 de septiembre, el tema llegó al pleno del Senado, donde el dictamen fue aprobado en lo general, en medio de cuestionamientos de legisladores de oposición sobre sus posibles efectos en la libertad de expresión.
Las críticas de la oposición se han centrado particularmente en la amplitud de conceptos como “identidad gráfica” y “signo oficial”. El PAN, por ejemplo, sostuvo que el texto no excluye expresamente expresiones como la sátira, la caricatura política, los memes o determinados trabajos periodísticos, y advirtió sobre posibles efectos de autocensura. Estas son posiciones expresadas por legisladores de ese partido.
El segundo frente se encuentra en la Cámara de Diputados y corresponde a modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor.
La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad aprobó el dictamen con 18 votos a favor y seis en contra. La propuesta establece nuevas responsabilidades para los proveedores de servicios de internet frente a contenidos que infrinjan derechos de autor.
El proyecto contempla modificaciones relacionadas con el llamado régimen de “puerto seguro”, mediante el cual los proveedores pueden quedar protegidos de responsabilidad por contenidos de sus usuarios si cumplen determinadas condiciones.
De acuerdo con la información disponible sobre el dictamen, los proveedores que incumplan los requisitos establecidos podrían enfrentar multas de entre 5 mil y 40 mil UMA, equivalentes a alrededor de 4.3 millones de pesos, dependiendo del valor vigente de la UMA.
La propuesta también contempla mecanismos relacionados con contenidos que utilicen sin autorización obras musicales, artísticas o literarias protegidas por derechos de autor, así como disposiciones sobre imágenes, voces y contenidos modificados mediante herramientas digitales e inteligencia artificial.
El dictamen todavía debe ser discutido por el pleno de la Cámara de Diputados, por lo que estas disposiciones tampoco están vigentes.
Hasta este momento, no existe una prohibición general para crear o compartir memes en México derivada de estas reformas.
La discusión legislativa se encuentra alrededor de conductas específicas: por un lado, el uso comercial y engañoso de elementos de identidad institucional con intención de cometer un ilícito; por otro, la responsabilidad de proveedores de internet frente a infracciones de derechos de autor.
La propia explicación difundida desde el Senado sostiene que la reforma sobre propiedad industrial busca combatir la piratería, la falsificación y el uso ilegal de identidad institucional.
Al mismo tiempo, las objeciones de legisladores opositores y organizaciones relacionadas con la libertad de expresión se concentran en si las nuevas disposiciones ofrecen suficiente claridad para evitar que contenidos satíricos, periodísticos o de crítica política puedan verse afectados.
Por ello, el debate todavía no está cerrado.
La coincidencia temporal de ambos proyectos ha provocado que sean agrupados bajo el nombre de “Ley Antimemes”, aunque jurídicamente corresponden a dos reformas diferentes.
Una está vinculada con la propiedad industrial y la identidad gráfica de instituciones públicas; la otra modifica la legislación de derechos de autor y plantea nuevas obligaciones para proveedores de servicios de internet.
Ninguna de las dos reformas debe presentarse actualmente como una ley que haya prohibido los memes.
El proceso legislativo, sin embargo, mantiene abierto el debate sobre hasta dónde pueden llegar las nuevas reglas frente a la sátira, la parodia, los contenidos digitales, la inteligencia artificial y la libertad de expresión en México.
Especial-eitmedia.mx
