La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que la investigación contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, cuenta con dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información que, de acuerdo con la dependencia, lo relacionarían con la conducción y toma de decisiones de la empresa Ingemar, señalada dentro de una investigación por presunto contrabando de combustible.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), los datos de prueba recabados durante la investigación apuntan a que Ruffo, en su calidad de accionista y secretario del Consejo de Administración de Ingemar, habría participado en la representación legal y en decisiones estratégicas de la empresa.
La FGR señala que Ingemar fue identificada dentro de una red investigada por presuntas operaciones de contrabando de hidrocarburos mediante el uso de ferrotanques.
La empresa está vinculada, según la investigación ministerial, con actividades relacionadas con servicios portuarios, dragados y operación de puertos. La Fiscalía también reporta movimientos millonarios en cuentas nacionales que, de acuerdo con sus indagatorias, no corresponderían con el perfil fiscal de la compañía.
Entre los elementos mencionados por la FGR se encuentran entrevistas en las que Ernesto Ruffo habría reconocido ser propietario del 49 por ciento de las acciones de la empresa.
La dependencia también sostiene que el exgobernador habría tenido conocimiento, al menos desde 2024, de operaciones en las que camiones y ferrotanques con capacidades de entre 30 mil y 112 mil litros aparecían declarados en pedimentos de importación por un volumen de 10 mil litros.
La Fiscalía sostiene que estas diferencias forman parte de los elementos analizados dentro de la investigación sobre las operaciones de la empresa y la presunta red de contrabando de combustible.
El proceso penal contra Ruffo continúa ante la autoridad judicial competente, que será la encargada de valorar los datos de prueba presentados durante el procedimiento y determinar lo que corresponda conforme a derecho.
La propia FGR recordó que las investigaciones en curso están sujetas a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio constitucional de presunción de inocencia.
Por ello, Ernesto Ruffo mantiene la calidad de presunto inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
