Las organizaciones criminales han ampliado su interés por el poder político en México con el propósito de extender sus negocios e influir en las decisiones de las autoridades, advirtió el especialista en seguridad Eduardo Guerrero durante el XV Seminario de la Red por la Rendición de Cuentas, realizado en la Universidad de Guadalajara bajo el título “Las amenazas de la corrupción en el proceso electoral”.
Durante su participación, Guerrero explicó que la intervención del crimen organizado en los procesos electorales agrega un componente de violencia e intimidación a las prácticas tradicionales de corrupción política, como la compra de votos, el clientelismo y el desvío de recursos públicos.
El especialista señaló que otra de las modalidades consiste en financiar campañas electorales a cambio de contratos, concesiones y permisos, a lo que se suma la capacidad de determinados grupos criminales para amenazar a candidatos y autoridades.
Indicó que, durante años, se consideró que estas organizaciones concentraban sus actividades en maximizar ganancias y que podían obtener beneficios mediante presiones sobre los gobernantes. Sin embargo, sostuvo que su interés por intervenir directamente en los asuntos políticos se ha extendido.
Guerrero relacionó este fenómeno con la diversificación de los negocios ilícitos y el crecimiento de la extorsión, una práctica que afecta tanto a comerciantes como a empresas y productores agrícolas. Explicó que la violencia funciona como un mecanismo de intimidación que permite a los grupos criminales exigir pagos y ampliar su control económico.
Como ejemplo, mencionó las extorsiones contra productores de aguacate y otros productos agrícolas en Michoacán, una situación que afecta las cadenas comerciales y ha generado preocupación en Estados Unidos por sus posibles repercusiones en el suministro y los precios de los alimentos.
Al abordar las estrategias para combatir a estas organizaciones, el especialista afirmó que existen experiencias en México que permiten identificar medidas para mejorar las condiciones de seguridad.
“Hay varios casos de éxito contra el crimen organizado”, señaló.
Entre los ejemplos, citó a Coahuila, entidad que, de acuerdo con su evaluación, registró avances en la reducción de homicidios y extorsiones. También destacó el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia en Nuevo León, particularmente de la fiscalía y la policía estatal.
Guerrero sostuvo que entre los factores que pueden contribuir a estos resultados se encuentran el liderazgo político, la capacidad institucional y la disposición de las autoridades para enfrentar a las organizaciones criminales. Añadió que estas acciones requieren decisiones de los gobiernos estatales y municipales, incluidos gobernadores y alcaldes.
El especialista también se pronunció a favor de la cooperación entre México y Estados Unidos para debilitar las estructuras criminales. Consideró que el reconocimiento de los cárteles como una amenaza compartida puede contribuir a mantener esfuerzos conjuntos entre ambos países.
“Necesitábamos esta ayuda externa”, expresó al referirse a las limitaciones que persisten en distintas regiones de México para combatir a estos grupos.
No obstante, advirtió que entidades como Michoacán, Guerrero y Veracruz enfrentan problemas que requieren estrategias sostenidas y cuyos resultados pueden variar de acuerdo con las condiciones de cada región.
Finalmente, planteó que el combate al crimen organizado también debe considerar la dependencia económica que algunas comunidades mantienen respecto de actividades ilícitas, las cuales representan fuentes de ingreso para miles de personas, particularmente en zonas agrícolas. La generación de alternativas laborales y económicas, señaló, forma parte de los desafíos para reducir la influencia de estas organizaciones.
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Con información de Agencia de Noticias.
