La tijera para el INE, los datos para el gobierno y las explicaciones pendientes
Ricardo Monreal ya puso la cifra sobre la mesa: entre 5 mil y 6 mil millones de pesos menos para el Instituto Nacional Electoral en el presupuesto de 2027. La austeridad vuelve a ser el argumento, pero la pregunta es inevitable: ¿se trata de gastar mejor o de apretar financieramente a una institución cuya tarea es organizar las elecciones? Porque recortar es sencillo cuando no se explica qué servicios se sacrificarán, qué riesgos se asumirán y quién responderá si las cosas salen mal.
Nadie defiende que el INE sea intocable. Debe transparentar sus gastos, eliminar excesos y justificar cada peso. Pero una cosa es exigir eficiencia y otra muy distinta anunciar una tijera millonaria antes de explicar cómo se garantizarán los comicios federales y locales de 2027. Morena y sus aliados tienen mayoría en San Lázaro; también tienen la responsabilidad de demostrar que la austeridad no se convertirá en una herramienta de presión sobre el árbitro electoral. En México, después de lo ocurrido en 1988, la confianza en las elecciones no debería tratarse como un gasto secundario.
Y mientras se discute cuánto dinero quitarle al INE, queda otra pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando quienes ocupan posiciones de poder se marchan y las dudas permanecen? La salida de Guadalupe Taddei no debería convertirse, por sí sola, en sinónimo de culpabilidad ni de impunidad. Pero si existen indicios documentados de irregularidades o favoritismos, corresponde investigarlos y deslindar responsabilidades. ¿Basta con decir «nos vemos, me voy para mi casa» para dar por terminado el asunto? No. Tampoco basta con lanzar acusaciones sin pruebas. Lo que hace falta son investigaciones serias, resultados públicos cuando legalmente proceda y consecuencias si se acredita alguna falta. La rendición de cuentas no puede depender del cargo, los contactos o la cercanía política.
Y luego está el ciudadano de a pie, al que sí se le exige cumplir. El registro obligatorio de líneas telefónicas coincidió con una reducción de alrededor de 4.9 millones de líneas móviles en México durante el primer semestre de 2026, según estimaciones de The CIU. No sería serio afirmar que todas desaparecieron porque sus titulares se negaron a entregar sus datos; hay otras posibles explicaciones. Pero la cifra obliga a preguntar si la medida está consiguiendo lo que prometió, cuánto cuesta instrumentarla y qué garantías reales existen para proteger la información personal.
¿Quién perdió más? En portabilidad, Telcel registró un saldo positivo cercano a 1.9 millones de líneas, mientras AT&T tuvo un saldo negativo de alrededor de 1.7 millones durante los doce meses reportados en agosto. Pero cuidado con las cifras: cambiar de compañía no es lo mismo que cancelar una línea, y perder accesos tampoco significa necesariamente perder ingresos. Las empresas pueden ajustar sus operaciones y seguir facturando; el ciudadano, en cambio, entrega información personal y merece saber qué obtiene a cambio.
Ahí está la contradicción que incomoda. Para el INE se anuncian recortes antes de explicar cómo se protegerá su capacidad operativa; para los usuarios se impone un registro antes de que exista una evaluación pública concluyente sobre sus resultados. Y cuando surgen preguntas sobre quienes administran recursos, toman decisiones o pudieron favorecer intereses particulares, las explicaciones no pueden quedarse en declaraciones ni en despedidas.
La austeridad no debe servir para debilitar al árbitro electoral. La seguridad no puede utilizarse como cheque en blanco para recopilar datos personales. Y una salida del servicio público no debe convertirse en una puerta de escape frente a posibles responsabilidades. Si hay excesos, que se investiguen; si hay gastos injustificados, que se corrijan; si existen irregularidades probadas, que haya consecuencias.
Porque al ciudadano se le pide cumplir, identificarse y confiar. Lo mínimo es que las instituciones hagan lo mismo con sus obligaciones: explicar, demostrar y responder. De lo contrario, la pregunta seguirá siendo la misma: ¿la ley y la austeridad son para todos o solamente para quienes no tienen el poder de decidir cuándo termina el asunto?
