Entre el reclamo de justicia, las promesas de Morena, los amparos y las cuentas pendientes del INE
En Uruapan no hubo espacio para discursos cómodos. A un año del asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz volvió a poner sobre la mesa una pregunta que sigue pesando: ¿quién ordenó matarlo? Porque detener a los autores materiales no necesariamente significa esclarecer un crimen. Y ahí está el verdadero desafío para las autoridades: investigar sin importar nombres, cargos, amistades o intereses. Si la investigación llega a personajes con poder político o económico, que llegue hasta ellos. De lo contrario, tendremos otro expediente con detenidos, conferencias y promesas, pero sin la verdad completa. La justicia no puede tener protegidos, como bien lo reclamó su viuda.
En Nuevo León, Morena encontró una nueva bandera: autopistas gratuitas para médicos, enfermeras, policías y trabajadores de la educación que deben recorrer largas distancias para llegar a sus centros laborales. La propuesta suena atractiva y hasta justa, pero también obliga a preguntar quién pagará la cuenta. ¿La Red Estatal de Autopistas absorberá el costo?, ¿habrá subsidio del Gobierno?, ¿qué impacto tendrá en el mantenimiento y las finanzas del organismo? Porque regalar el peaje con dinero público no significa que el servicio sea gratuito. La diputada Reyna Reyes Molina tiene una iniciativa que explicar y defender con números, no solamente con buenas intenciones. La movilidad es un problema real, pero las soluciones también deben ser financieramente responsables.
Y vaya que el caso de Ernesto Ruffo merece atención. La suspensión definitiva que obtuvo no significa que haya sido declarado inocente, pero sí consiguió frenar el paso hacia el juicio oral mientras se resuelve su amparo. La FGR salió a aclararlo, quizá porque el término suspensión definitiva provocó más de una interpretación. Aquí no hay que confundir los términos jurídicos: el proceso sigue, la investigación continúa y las acusaciones todavía deben probarse. Pero tampoco podemos perder de vista que un expediente de esta magnitud no puede quedarse dando vueltas entre juzgados, recursos y comunicados. La Fiscalía tiene la obligación de sostener sus acusaciones con pruebas y llevar el caso hasta donde corresponda. Ni condenas anticipadas ni privilegios procesales: que hable la justicia.
Y cerramos con el INE, donde la comparecencia de su Órgano Interno de Control dejó una imagen difícil de ignorar. Diputados de distintas fuerzas políticas reclamaron la falta de resultados frente a las presuntas irregularidades y los contratos bajo cuestionamiento durante la gestión de Guadalupe Taddei. Alfonso Ramírez Cuéllar llegó incluso a exigir responsabilidades penales, mientras Kenia López Rabadán lanzó una crítica que incomoda: los periodistas detectaron lo que los mecanismos institucionales de vigilancia no habían descubierto. ¡Vaya papelón para un órgano encargado de vigilar!
Pero cuidado: una denuncia no es una sentencia y los señalamientos deben probarse. Lo que sí resulta inadmisible es que las sospechas sobre contratos, posibles conflictos de interés y proveedores bajo cuestionamiento se conviertan en un asunto de declaraciones cruzadas. El INE no puede exigir confianza a los ciudadanos mientras sus propios mecanismos de vigilancia están bajo interrogatorio. Y el contralor tampoco puede limitarse a explicar por qué no actuó antes: tiene que demostrar qué está investigando, qué responsabilidades ha determinado y qué hará con las pruebas que encuentre.
Cuatro asuntos distintos, pero una misma exigencia: que las instituciones dejen de administrar las explicaciones y comiencen a entregar resultados. Porque en México ya tenemos demasiados discursos, demasiados expedientes y demasiadas promesas pendientes. Lo que falta, y hace mucha falta, es justicia, transparencia y rendición de cuentas.
Aunque sea Día de los Muertos…
