El INE bajo sospecha, la extorsión fuera de control y los programas sociales en la mira electoral
Vaya panorama el que se está dibujando en el país. Tres asuntos distintos, pero unidos por una constante que ya parece costumbre: instituciones cuestionadas, autoridades obligadas a dar explicaciones y ciudadanos que terminan pagando las consecuencias. Y en medio de todo, la confianza pública sigue deteriorándose.
El caso del Instituto Nacional Electoral merece detenerse y mirar con lupa. Guadalupe Taddei dejó la presidencia del organismo, pero su salida no puede convertirse en una puerta de escape frente a los señalamientos que ahora alcanzan a su administración y a funcionarios de su entorno. Las diez consejerías acordaron preparar una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen posibles irregularidades y se deslinden responsabilidades. Entre los delitos que se han mencionado están enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho y peculado. Pero cuidado: una cosa es señalar posibles delitos y otra muy distinta demostrar que se cometieron. Eso tendrá que determinarlo la autoridad. Lo que sí resulta inadmisible es que un organismo que debe garantizar la transparencia y la legalidad electoral termine bajo sospecha por sus propias contrataciones y decisiones administrativas. Si hubo corrupción, que se investigue hasta las últimas consecuencias; y si alguien abusó del cargo, que responda. El INE no puede exigirle cuentas a todo el país mientras sus propias cuentas permanecen bajo cuestionamiento.
Y mientras las instituciones se enredan en sus propios escándalos, la extorsión sigue haciendo de las suyas en las calles, los negocios y los corredores industriales. México Evalúa documentó 8 mil 551 víctimas entre enero y septiembre de 2026, con una tasa de 6.36 por cada 100 mil habitantes. El dato más preocupante es que el Centro, el Bajío-Occidente y el Norte concentran 85 por ciento de las víctimas registradas, precisamente en regiones que sostienen buena parte de la actividad productiva del país. ¿De qué sirve presumir inversiones, exportaciones y crecimiento económico si empresarios, comerciantes y trabajadores tienen que operar bajo la amenaza de quienes cobran derecho de piso?
La estrategia nacional contra la extorsión tampoco puede conformarse con presentar cifras de operativos o anunciar prioridades territoriales. Si el delito se desplaza y crece en regiones que no estaban contempladas como prioritarias, entonces hay que revisar qué está fallando. Y hay otra realidad todavía más vergonzosa: la mayoría de las extorsiones no llega siquiera a convertirse en una denuncia formal. El miedo está ganando terreno donde el Estado debería garantizar protección.
Y para cerrar este cuadro, aparece nuevamente el INE, ahora obligado por el Tribunal Electoral a revisar una denuncia sobre el uso de chalecos, gorras y camisetas guinda durante la entrega de programas sociales. El partido Somos acusó que esa indumentaria podría generar una asociación entre los apoyos gubernamentales y Morena. El Tribunal no declaró que exista una infracción ni responsabilizó al partido o a la Secretaría de Bienestar; lo que hizo fue revocar el desechamiento de la queja y ordenar que se analicen integralmente los elementos presentados. Tribunal Electoral
Pero la pregunta no es menor: ¿por qué los programas sociales tienen que cargar con sospechas de promoción partidista? Los apoyos pertenecen a la ciudadanía, no a un partido, no a un gobierno y mucho menos a quienes pretenden convertirlos en herramienta electoral. Si Morena está convencido de que no existe ninguna irregularidad, no tendría por qué temer una investigación seria. Y el INE, por su parte, tendrá que demostrar que puede actuar con imparcialidad, sin desechar denuncias a la ligera ni mirar hacia otro lado cuando se trata de revisar el uso de recursos públicos y mucho menos salir con el pretexto que en el pasado se hizo más daño como ahora pretende la President…con a desviar la atención.
Tres asuntos, tres focos de preocupación y una misma exigencia: que las autoridades dejen de administrar las sospechas y comiencen a rendir cuentas. Porque México no necesita instituciones que se protejan entre sí, estrategias que no alcancen a los delincuentes ni programas sociales convertidos en escaparates políticos. Necesita justicia, seguridad y árbitros electorales que estén a la altura de su responsabilidad. Y eso, hasta ahora, sigue siendo una deuda pendiente.
