Nuestra redacción
Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de seguridad y evitar que personas con antecedentes penales firmes en otros países ingresen o permanezcan en México sin que las autoridades tengan conocimiento de sus resoluciones judiciales, el diputado federal del PAN, Paulo Gonzalo Martínez López, presentó una iniciativa para ampliar las facultades del Instituto Nacional de Migración (INM).
La propuesta plantea establecer mecanismos permanentes de consulta y verificación de información oficial sobre antecedentes penales de personas extranjeras, derivados de sentencias firmes emitidas tanto por autoridades mexicanas como de otros países.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Asuntos Migratorios, contempla adicionar una fracción XIV al artículo 20 de la Ley de Migración, a fin de facultar al INM para coordinarse con las autoridades nacionales competentes y, cuando corresponda, con organismos internacionales para acceder a este tipo de información.
El legislador argumentó que, ante el incremento de la movilidad internacional, México necesita contar con herramientas que permitan conocer los antecedentes judiciales de quienes buscan ingresar o permanecer en territorio nacional, particularmente cuando existen resoluciones penales definitivas emitidas en otras jurisdicciones.
Explicó que una persona puede cometer un delito en otro país, recibir una sentencia y posteriormente trasladarse a México, sin que necesariamente las autoridades migratorias mexicanas tengan conocimiento de esa resolución, situación que, consideró, representa un espacio de vulnerabilidad en los controles de seguridad.
Martínez López aclaró que la propuesta no busca criminalizar a las personas extranjeras ni establecer restricciones por razones de nacionalidad, sino utilizar información oficial respaldada por sentencias firmes, respetando el principio de presunción de inocencia.
“Una persona no debe ser considerada delincuente por ser extranjera, pero tampoco puede ignorarse una sentencia penal firme emitida por una autoridad competente de otro país cuando esa información resulte jurídicamente relevante para determinar su situación migratoria en México”, sostuvo.
El diputado señaló que el fortalecimiento de estos mecanismos permitiría mejorar la cooperación internacional y evitar que personas con condenas penales definitivas puedan aprovechar las limitaciones en el intercambio de información entre países.
Asimismo, indicó que la seguridad de las familias mexicanas requiere instituciones con capacidad para anticiparse a posibles riesgos, sin que ello implique abandonar el carácter abierto de la política migratoria nacional.
La iniciativa sostiene que México debe mantener sus puertas abiertas a quienes llegan para trabajar, estudiar, invertir, visitar a sus familias o buscar protección, pero también contar con instrumentos legales que permitan verificar información judicial y fortalecer los controles migratorios.
La propuesta deberá ser analizada por la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, donde se determinará su viabilidad legislativa.
eitmedia.mx
