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Proponen crear Cédula Nacional de Riesgo Feminicida para prevenir asesinatos de mujeres

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Con el objetivo de anticipar situaciones de violencia extrema y fortalecer la protección de mujeres, adolescentes y niñas, el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso crear la Cédula Nacional de Riesgo Feminicida, un instrumento técnico de aplicación obligatoria en todo el país para identificar y medir el peligro que enfrentan las víctimas.

La iniciativa plantea establecer un mecanismo único mediante el cual autoridades administrativas, ministerios públicos, corporaciones policiales y órganos jurisdiccionales evalúen el nivel de riesgo para la vida, integridad, libertad y seguridad de las mujeres, a fin de determinar las medidas de protección que correspondan en cada caso.

La propuesta contempla reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal. El proyecto fue turnado a las comisiones de Igualdad de Género y de Seguridad Ciudadana para dictamen, así como a la Comisión de Justicia para opinión.

Entre sus principales planteamientos establece que la valoración del riesgo deberá realizarse mediante la cédula, acompañada de evaluaciones médicas, cuando sean necesarias, y psicológicas.

Uno de los puntos centrales es que su aplicación no estará condicionada a que la víctima presente una denuncia formal o ratifique los hechos. La autoridad podrá activar el mecanismo cuando tenga conocimiento de situaciones concretas de violencia y cuente con información suficiente para intervenir.

La iniciativa también propone que cada nivel de riesgo tenga asociado un conjunto mínimo de medidas u órdenes de protección, que deberán otorgarse de oficio una vez determinada la situación de peligro. Las autoridades podrán establecer disposiciones adicionales cuando sean necesarias para garantizar una mayor protección.

Otro componente contempla la consulta obligatoria del Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños antes de emitir, negar, modificar o suspender cualquier medida de protección.

En caso de incumplimiento de una orden vigente, la autoridad emisora deberá aplicar nuevamente la cédula y otorgar las medidas mínimas correspondientes al nivel de riesgo identificado.

La propuesta también incorpora obligaciones para los Centros de Comando y Control. En caso de recibir llamadas relacionadas con violencia contra mujeres, adolescentes, niñas y niños, deberán consultar el Registro Nacional antes de canalizar el incidente y comunicar a las instancias correspondientes la existencia de medidas de protección vigentes y el nivel de riesgo registrado.

En materia penal, el legislador plantea modificar el artículo 325 del Código Penal Federal para incorporar una agravante al delito de feminicidio cuando el agresor cometa el crimen pese a tener una medida u orden de protección vigente en su contra. En ese supuesto, la pena aumentaría hasta en una tercera parte respecto de la sanción correspondiente.

Actualmente, el feminicidio se castiga con penas de 40 a 60 años de prisión y de 500 a mil días multa.

Asimismo, propone reformar el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para considerar abuso de funciones la omisión de aplicar nuevamente la cédula cuando se presenten las circunstancias que obliguen a hacerlo.

En la exposición de motivos, Delgado Carrillo establece una diferencia entre este mecanismo y herramientas como la Alerta AMBER y el Protocolo Alba. Mientras estos instrumentos permiten difundir información para localizar a personas desaparecidas, la cédula propuesta tendría una función preventiva, al identificar el peligro antes de que ocurra una desaparición o un feminicidio.

El legislador sostiene que el objetivo es establecer obligaciones legales para las autoridades, medir oportunamente el nivel de violencia y determinar medidas de protección sin necesidad de esperar a que se concrete una agresión de consecuencias irreversibles.

Como argumento para impulsar la iniciativa, refiere que durante 2025 se registraron 721 feminicidios en México, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, cita la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, según la cual solamente el 10.5 por ciento de las mujeres que experimentan violencia presenta una denuncia formal.

La propuesta busca cerrar esa brecha entre la violencia que enfrentan las mujeres y la capacidad de respuesta institucional, mediante un mecanismo nacional que obligue a las autoridades a identificar el riesgo y actuar antes de que la violencia escale hasta convertirse en un feminicidio.

eitmedia.mx