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PAN propone crear una Ley General de Educación Socioemocional y Salud Mental en las escuelas

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Con el propósito de incorporar la educación socioemocional y la promoción de la salud mental como componentes fundamentales de la formación académica en México, la diputada Liliana Ortiz Pérez, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Educación Socioemocional y Promoción de la Salud Mental en el Sistema Educativo Nacional.

La propuesta busca establecer un marco legal que permita fortalecer el bienestar emocional y mental de niñas, niños y adolescentes desde un enfoque preventivo, además de garantizar el acceso a estas herramientas y establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas y de salud para su implementación, evaluación y mejora continua.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Educación y de Salud para su análisis, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Entre sus objetivos se encuentran impulsar el desarrollo integral de estudiantes, fortalecer las competencias socioemocionales para la vida, generar ambientes escolares seguros, inclusivos y libres de violencia, así como promover la cultura de paz, los derechos humanos y la convivencia democrática.

El proyecto también plantea una responsabilidad compartida entre autoridades educativas, familias y comunidades para reducir los factores de riesgo relacionados con la violencia, el abandono escolar, la discriminación y la exclusión.

La legislación propuesta tendría carácter obligatorio para la Secretaría de Educación Pública, las autoridades educativas de las entidades federativas, instituciones públicas y particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial, escuelas de educación obligatoria e instituciones formadoras de docentes, entre otras instancias.

Los derechos y disposiciones contemplados alcanzarían a estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior, así como a docentes, directivos, personal de apoyo educativo, madres, padres, tutores y demás integrantes de las comunidades escolares.

Ortiz Pérez argumenta que la educación socioemocional constituye un componente esencial del derecho humano a la educación y es inseparable del desarrollo integral de las personas, por lo que debe formar parte de las políticas públicas relacionadas con el bienestar, la salud mental, la inclusión y la cultura de paz.

La legisladora sostiene que la evidencia internacional demuestra que el aprendizaje socioemocional contribuye a disminuir distintas formas de violencia, mejorar el ambiente escolar, reducir conductas de riesgo y favorecer trayectorias educativas más exitosas.

En ese sentido, considera que las políticas educativas no deben concentrarse exclusivamente en los aprendizajes académicos, sino atender también las necesidades emocionales y psicológicas de quienes integran las comunidades escolares.

Como parte de la justificación, el documento advierte sobre el incremento de indicadores relacionados con malestar psicológico, violencia, ansiedad, ideación suicida, consumo de sustancias, acoso escolar y dificultades de convivencia entre adolescentes.

También hace referencia a la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los Jóvenes, denominada ABC de las emociones, presentada por el Gobierno Federal en abril de 2026, en la que se identifica que la población de entre 12 y 17 años presenta mayores niveles de malestar psicológico, comportamiento suicida y violencia en comparación con la población adulta.

Ante este panorama, la iniciativa plantea privilegiar un modelo preventivo desde las escuelas, las comunidades y el entorno cultural, al considerar que los centros educativos representan espacios estratégicos para identificar oportunamente situaciones de riesgo antes de que evolucionen hacia problemas de mayor complejidad.

La propuesta también establece que la nueva legislación será complementaria de la Ley General de Educación y de otros ordenamientos relacionados con la salud, los derechos de niñas, niños y adolescentes, la inclusión, la prevención de las violencias y la protección de datos personales.

En sus consideraciones, la diputada aclara que el objetivo no es sustituir las disposiciones educativas vigentes ni crear un derecho distinto, sino desarrollar principios, garantías y responsabilidades que permitan dar continuidad y hacer evaluable la formación socioemocional ya reconocida en el marco jurídico mexicano.

De aprobarse, la nueva ley establecería bases de coordinación y obligaciones institucionales para que la educación socioemocional deje de depender de acciones aisladas y se convierta en una política permanente dentro del Sistema Educativo Nacional, con énfasis en la prevención, el bienestar y el desarrollo integral de la comunidad escolar.

eitmedia.mx