Ciudad de México .- El Gobierno de México y una fiscalía especializada publicaron el martes las tres posibles “causales” de los ataques de policías y posterior desaparición de 43 estudiantes de la normal de magisterio de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero (sur).
Según el informe, las posibles causales son, primero, “confusión de los Guerreros Unidos (narcotraficantes) respecto a la presunta infiltración de ‘Los Rojos’ (cártel rival) entre los estudiantes de Ayotzinapa, en el contexto de la disputa por la plaza de la región de Iguala”.
Otra posible causa es “la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas por parte del alcalde (de Iguala) José Luis Abarca y Guerreros Unidos”, tras las protestas y destrozos a la sede municipal, y una tercera “el trasiego de drogas y la eventual presencia de drogas, armas o dinero en alguno de los (cinco) autobuses tomados” por los estudiantes para viajar a la capital del país a una manifestación.
De acuerdo con las hipótesis oficiales, el alcalde Abarca podría tener razones para aplicar un escarmiento a los jóvenes por la reciente desaparición y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera, días antes del paso de los jóvenes por Iguala.
Los estudiantes partieron de la sede de la escuela rural de maestros en el municipio Tixtla, a unos 120 kilómetros de Iguala, y pasaron a esa ciudad a ocupar otro transporte en la terminal de autobuses, donde abordaron el denominado “quinto vehículo” que podría estar cargado con droga traficada hacia EEUU, según investigaciones de la fiscalía.
El documento publicado con motivo del noveno aniversario de la tragedia se denomina “Narrativa de los hechos de acuerdo con la investigación realizada”.
El texto señala que, “de acuerdo con diversos testimonios, es probable que a los estudiantes se les haya separado en al menos tres grupos y que los hayan llevado a diferentes lugares para su ejecución y desaparición” en nueve municipios del estado de Guerrero.
Dichas demarcaciones son Cocula, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Huitzuco, Iguala, San Miguel Totolapan, Taxco, Teloloapan y Tepecoacuilco.
VÍNCULO DE MILITARES Y POLICÍAS CON NARCOS
El texto oficial revela que existían vínculos entre las autoridades federales, del estado de Guerrero y municipales, incluidos efectivos del Ejército y la desaparecida Policía Federal (ahora reemplazada por una Guardia Nacional militarizada), con los Guerreros Unidos, señalados como perpetradores de los crímenes.
Según el documento, militares y agentes federales “recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo”.
El reporte fue publicado por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que familiares de las víctimas exigieron conocer la transcripción de las conversaciones interceptadas por la agencia antidrogas de EEUU (DEA) entre miembros de los Guerreros Unidos en Iguala y sus jefes en la ciudad estadounidense de Chicago.
“El informe de la Secretaría de la Defensa sobre los documentos, más todas las grabaciones o textos que entregó EEUU y una relatoría del trabajo de la Fiscalía Especial, todo esto lo vamos a subir (a la plataforma gubernamental en Internet)”, prometió López Obrador horas antes.
El informe indica que “derivado de diversas declaraciones de distintos testigos, así como mensajes de texto aportados por la DEA, se vinculan con Guerreros Unidos el entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala”.
Rodríguez Pérez fue promovido a general en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Además participaron en la trama el capitán José Martínez Crespo; y el entonces coronel Rafael Hernández Nieto, Comandante del 41 Batallón, detalla el texto.
Otros funcionarios vinculados con ese grupo criminal son el ex alcalde de Iguala, Abarca, y su esposa, quien es hermana de los hermanos Salomón y Alberto Pineda Villa, gente del ahora mermado cártel narcotraficante de los Beltrán Leyva.
El pasado 2 de septiembre, el periódico estadounidense The New York Times publicó un amplio conjunto de alrededor de 23.000 mensajes de texto inéditos interceptados a Guerreros Unidos, declaraciones de testigos y documentos de investigación.
La conclusión de cuatro periodistas del referido diario señala que prácticamente todas las ramas del Gobierno mexicano en Guerrero “llevaban meses trabajando para el grupo delictivo en secreto, lo que puso la maquinaria del Estado en manos del cártel y neutralizó cualquier obstáculo que se interpuso en su camino”.
Actualmente están detenidas 132 personas relacionadas con los hechos en diversos penales: 41 integrantes de Guerreros Unidos, 71 policías y 3 funcionarios de la Fiscalía General de la República.
Además están en prisión el ex secretario de Seguridad Estatal de Guerrero, el ex alcalde de Iguala y su esposa, y 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Fuente:https://sputniknews.lat
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