El Congreso Local de Nuevo León aprobó este martes el presupuesto de 2025 para el Poder Legislativo, mientras que rechazó un significativo aumento del 85% solicitado por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
La propuesta de incremento, que buscaba elevar el presupuesto de la ASE en más de 300 millones de pesos respecto al año anterior, no convenció a la mayoría de los diputados, quienes exigieron mayor transparencia sobre el uso de los recursos.
Las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC), Partido del Trabajo (PT) y Morena votaron en contra del incremento presupuestal para la ASE, argumentando que la solicitud carecía de justificación clara. Miguel Flores Serna, coordinador de MC, expresó su desacuerdo con otorgar un “cheque en blanco” a la auditoría, señalando que los diputados desconocen en qué se destinaría el aumento y que la ASE aún debe demostrar resultados en su gestión.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se abstuvo de votar, reflejando la falta de consenso sobre la solicitud.
En contraste, diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) centraron su atención en el apoyo financiero a los municipios. Ante la falta de transferencias federales, ambos partidos abogan por un aumento del 20% al 30% en las participaciones municipales.
Los coordinadores de ambas fracciones, Heriberto Treviño Cantú y Carlos de la Fuente Flores, explicaron que esta medida busca garantizar la estabilidad financiera de los ayuntamientos y responder a las demandas de servicios públicos.
Carlos de la Fuente, representante del PAN, resaltó la necesidad de un presupuesto justo y equilibrado para los municipios, asegurando que trabajarán en la Comisión de Presupuesto para incluir estos incrementos en el paquete fiscal de 2025.
Treviño Cantú, del PRI, enfatizó que el objetivo es crear un presupuesto “municipalista”, que beneficie equitativamente a todas las alcaldías, especialmente aquellas afectadas por la falta de recursos.
En la misma sesión, el Congreso también avanzó en la implementación de un Código de Ética para sus integrantes. Este reglamento, que fue publicado recientemente en el Periódico Oficial tras 11 meses de espera, busca establecer lineamientos para fomentar el respeto y la transparencia dentro del Poder Legislativo.
La medida incluye la creación de un Comité de Ética, que recibirá y analizará las quejas contra diputados o servidores públicos, emitiendo recomendaciones y, de ser necesario, sanciones.
Finalmente, el Código de Ética establece un proceso de investigación accesible y expedito, permitiendo a los ciudadanos presentar quejas de manera formal.
Además, faculta al Comité para actuar de oficio en caso de que se detecten conductas que vulneren el reglamento. Con estas disposiciones, el Congreso busca reforzar la responsabilidad y la integridad entre sus miembros, promoviendo un ambiente de mayor transparencia y confianza con la ciudadanía.
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