Buenos Aires.- La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) se presentó este martes en los tribunales federales de Buenos Aires para dejar asentado su conocimiento sobre la ratificación de una pena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta.
La también exvicepresidenta (2019-2023) concurrió a los tribunales de Comodoro Py, en el barrio de Retiro (norte) y se notificó de la condena que emitió hace trece días la Cámara Federal de Casación.
La exmandataria, que fue conminada a cumplir con este trámite junto con los otros ocho sentenciados en la causa, firmó la notificación de su condena ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que fue el que la condenó hace casi dos años a la misma pena que ratificó Casación por irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur).
Aquel fallo consideró responsable a Cristina Fernández de favorecer de manera discrecional a un empresario local también condenado, Lázaro Báez, en el reparto de las obras viales que se ejecutaron durante sus dos mandatos y durante la gestión del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007).
El 13 de noviembre, el tribunal de alzada confirmó la condena impuesta por el TOF 2 y ratificó la absolución de la expresidenta respecto al delito de asociación ilícita que reclamaban los fiscales intervinientes para aumentar a 12 años de prisión la pena contra Fernández, cargo del que fue exculpada por dos votos contra uno durante el juicio oral.
A lo largo de la causa “Vialidad”, el TOF nº 2 puso en tela de juicio las 51 obras viales que fueron concedidas en la provincia de Santa Cruz al empresario Báez, dueño de la empresa Austral Construcciones durante el Gobierno de Kirchner.
Fernández, por su parte, denunció la falta de imparcialidad de los jueces de Casación y la relación de los tres con el expresidente conservador Mauricio Macri (2015-2019).
La sentencia contra la expresidenta no es definitiva, por lo que Fernández no puede ser detenida ni quedar inhabilitada a ejercer cargos públicos hasta que la Corte Suprema no se pronuncie sobre su caso.
En caso de que el máximo tribunal penal del país llegue a ratificar la condena de Casación, Fernández podría recibir el beneficio de la prisión domiciliaria, ya que tiene más de 70 años.
Pero la Corte Suprema no tiene plazos para definirse en este proceso, por lo que la expresidenta podría incluso aspirar a un cargo en las elecciones legislativas de 2025, caso en que accedería a los fueros parlamentarios de los que gozan los legisladores. (Sputnik)
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