Ciudad de México.- La Suprema Corte de México resolverá una controversia entre el Comité de Evaluación, que suspendió el proceso de elecciones de jueces y magistrados por voto popular, y el Tribunal Electoral, cuya petición para reanudarlo fue rechazada por el organismo encargado de seleccionar las candidaturas.
La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, firmó un acuerdo para “conceder al Comité de Evaluación la medida cautelar solicitada, consistente en mantener las cosas en el estado en que actualmente se encuentran”.
La magistrada María Emilia Molina, integrante del Comité de Evaluación de aspirantes, anunció el jueves una apelación ante el máximo tribunal para que decida sobre dos resoluciones contradictorias de órganos jurisdiccionales distintos: un amparo para suspender el proceso y otro del Tribunal Electoral para reanudarlo.
El ingreso de la petición ante la Suprema Corte frenó toda acción legal contra los integrantes del Comité, por no acatar la orden de regresar a sus actividades para elegir a candidatos a jueces, magistrados y ministros.
El pleno de la Corte Suprema determinará cuál es la autoridad responsable del proceso, porque una resolución es de una instancia judicial y la otra de una electoral.
En las inéditas elecciones por voto popular de los jueces y magistrados, que se realizará en dos partes en 2025 y 2027, los tres poderes del Estado mexicano (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) presentarán candidaturas.
Alfredo Gutiérrez, ministro de la máxima corte, debe presentar un proyecto que determine la resolución que debe obedecer el Comité: la de dos jueces federales que ordena suspender el proceso para proteger derechos humanos de jueces destituidos, o la del Tribunal Electoral.
La ministra dio un plazo de nueve días al Tribunal Electoral y tres días a los jueces de los distritos centrales de Michoacán y Jalisco para que presenten los documentos sobre este asunto en el que las partes están en contradicción.
El acuerdo suspende la posible imposición de sanciones al Comité seleccionador de candidatos, medidas procesales o delitos del Código Penal, ante el desacato de un mandato judicial proveniente de cualquier jurisdicción.
Quedan suspendidas “condenas judiciales aparentemente contradictorias, hasta en tanto el pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el procedimiento en el que se actúa”, detalla la solicitud, basada en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
LA CONTROVERSIA
El 13 de enero pasado, la Suprema Corte rechazó revocar un acuerdo del Comité de Evaluación que suspendió las actividades del proceso de selección de candidatos.
Esa decisión de frenar el proceso acata dos suspensiones definitivas otorgadas por jueces federales de distrito en dos juicios de amparo promovidos contra una reforma judicial constitucional que establece la elección de todos los tribunales federales por voto popular y la destitución de los actuales jueces y magistrados.
Los tres poderes del Estado mexicano deben presentar el 31 de enero su lista de candidatos y registrarlas el próximo 7 de febrero.
Por otra parte, los comités de selección del Ejecutivo y el Legislativo decidieron no acatar las órdenes judiciales de amparo y continúan con el proceso.
El Tribunal Electoral ordenó al Comité reiniciar el proceso de selección en 24 horas a partir de su legal notificación del miércoles pasado, ante lo cual el caso se elevó al máximo tribunal.
“No dictamos ni ordenamos suspender lo que nos tocaba del proceso electoral, sino que acatamos órdenes judiciales vigentes, en este momento válidas”, dijo Molina al anunciar la apelación, en referencia a los integrantes del comité de selección de candidatos.
Una reforma constitucional al Poder Judicial, inédita en el mundo, abre las puertas en 2025 a la elección de todos los tribunales federales por voto popular para construir una nueva procuración de justicia, la cual ha sido objetada por jueces y magistrados, pero es respaldada por el oficialismo en el Congreso y la Presidencia.
Diversos juzgadores ordenan suspender la implementación de las reformas constitucionales que eliminan la carrera judicial y provocan el despido masivo de más de 1.780 jueces y magistrados federales. (Sputnik)
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