En el marco de su cuarta sesión ordinaria del año, el Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Nuevo León (INFONL) impuso dos multas al presidente municipal de Aramberri, Martín Castillo Covarrubias, por incumplir con la obligación de responder a solicitudes de información pública. Cada una de las sanciones asciende a 16,285 pesos, sumando un total de 32,570 pesos.
La sesión, presidida por Brenda Lizeth González Lara, contó con la presencia de los consejeros María Teresa Treviño Fernández, María de los Ángeles Guzmán García, Francisco Reynaldo Guajardo Martínez y Félix Fernando Ramírez Bustillos. Durante la reunión, se revisaron 28 recursos de revisión, de los cuales 14 resultaron en modificaciones a las respuestas iniciales, 5 fueron sobreseídos, 3 confirmaron las respuestas previas y 4 requirieron la emisión de nuevas respuestas por parte de los sujetos obligados.
Además de las multas al alcalde de Aramberri, el INFONL emitió una amonestación pública y cuatro acuerdos adicionales, reforzando su compromiso con el cumplimiento de la ley en materia de transparencia y acceso a la información.
En otro punto del orden del día, las y los consejeros aprobaron el Informe del Programa Anual de Desarrollo Archivístico correspondiente al año 2024, así como el Programa Anual de Desarrollo Archivístico para el 2025. Estos documentos buscan fortalecer la gestión documental y garantizar la preservación y accesibilidad de la información pública en la entidad.
El INFONL reiteró su llamado a los sujetos obligados, incluyendo autoridades municipales y estatales, a cumplir con las disposiciones legales en materia de transparencia y protección de datos personales. “La rendición de cuentas y el acceso a la información son pilares fundamentales para la democracia y la confianza ciudadana”, destacó la consejera presidenta, Brenda Lizeth González Lara.
Con estas acciones, el INFONL refuerza su papel como órgano garante de la transparencia en Nuevo León, asegurando que las instituciones públicas rindan cuentas y operen con base en los principios de apertura y legalidad.
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