Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de México determinó el jueves que es “improcedente” una solicitud del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impedir a cuatro magistraturas discutir un proyecto sobre fallos discordantes en las elecciones de jueces y magistrados de junio 2025.
“Por mayoría de seis votos (de once en total), las y los ministros consideraron improcedente la solicitud del TEPJF, que pretendía declarar impedida a la ministra presidenta Norma Piña, así como los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez y Jorge Pardo Rebolledo, para discutir el proyecto”, dijo en un comunicado la Corte Suprema.
La presidenta de la máxima corte, magistrada Piña, consideró que la sala superior del Tribunal Electoral “no puede decidir cuándo las autoridades deben acatar o no una suspensión dictada por un juez de distrito”.
La magistrada explicó que para esos casos existen recursos judiciales previstos en la Ley de Amparo, que protege de posibles abusos de autoridades.
La controversia se origina en fallos contradictorios de dos jueces de distrito que ordenaron, mediante amparos, suspender el proceso electoral por presuntas violaciones a derechos humanos durante la aprobación de una reforma constitucional, que establece la elección de todos los tribunales, mientras que el Tribunal Electoral los desacata.
La reforma de la carta promulgada el 15 de septiembre del año pasado elimina de la carrera judicial, y abre paso al despido de más de 1.780 jueces y magistrados de todos tribunales federales -incluida la Suprema Corte- , que serán elegidos por primera vez por voto popular, en un proceso inédito en el mundo.
El ministro de la Suprema Corte Javier Laynez Potisek hizo un recuento de los asuntos que ha resuelto la sala superior del Tribunal Electoral “que no están previstos en ninguna legislación”, y afirmó que hay un “exceso competencial” en esos fallos.
Sin embargo, Laynez reconoció que en las suspensiones del proceso electoral ordenadas por jueces de distritos también pudieron presentarse excesos, “de ahí la importancia de agotar los medios de impugnación”.
El togado lamentó además “la posibilidad de que se violen derechos humanos al no acatar las suspensiones que no se refieran a aspectos electorales”.
Por su parte, el ministro Alberto Pérez Dayán se pronunció a favor del proyecto, y coincidió en que la mayoría de los integrantes de la sala superior del TEPJF “se extralimitaron en sus resoluciones para dar continuidad al proceso electoral”.
El ministro Juan Luis González Alcántara también votó a favor del proyecto, y consideró que la vía idónea para revocar las suspensiones de amparo que dictaron los jueces de distrito “es a través de recursos de queja y revisión, y no corresponde a la Sala Superior del TEPJF dejarlas insubsistentes”.
Explicó que la intervención de la Corte en esta controversia sobre el proceso electoral del poder Judicial que establece la reforma constitucional “se da por la existencia de resoluciones enfrentadas entre sí”.
La ministra Ana Margarita Ríos Farjat votó a favor del proyecto porque advirtió “una necesidad de restablecer el orden constitucional”.
Expresó su desacuerdo en que la reforma constitucional sobre el método de elección de jueces y magistrados del Poder Judicial sea sólo materia electoral (del TEPJF), “porque al implicar una transformación al sistema judicial”. (Sputnik)
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