Ante el preocupante aumento de casos de violencia en las escuelas, la diputada Claudia Caballero Chávez, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa que busca sancionar a docentes y autoridades educativas que no denuncien actos de acoso o agresiones dentro de los planteles. La propuesta, presentada este viernes en la Oficialía de Partes del Congreso Local, plantea equiparar esta omisión al delito de encubrimiento, tal como lo establece el Artículo 409 del Código Penal del estado.
La iniciativa propone la adición de un Artículo 36 Bis a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar del Estado de Nuevo León. Este nuevo artículo establece que los docentes o autoridades escolares que, siendo testigos de acoso escolar o cualquier otra conducta que afecte el desarrollo integral de los estudiantes, no lo denuncien, serán considerados responsables de encubrimiento.
“Los maestros y directivos conviven diariamente con los alumnos y son quienes conocen de primera mano los casos de acoso o violencia. Por eso, es fundamental que asuman la responsabilidad de reportar estos hechos. Con esta reforma, buscamos que no haya impunidad ni silencio ante situaciones que dañan a nuestros niños y jóvenes”, explicó la diputada Caballero.
La legisladora destacó que, en muchas ocasiones, los casos de violencia escolar salen a la luz únicamente cuando se viralizan en redes sociales o son retomados por los medios de comunicación. “Esto es algo que vemos a diario, pero sabemos que hay miles de casos que no se denuncian. Es un problema que afecta a toda la sociedad y requiere acciones inmediatas”, agregó.
Además de esta iniciativa, Claudia Caballero hizo un llamado a las autoridades para acelerar la creación del Instituto de la Familia, una propuesta que busca fortalecer el tejido social en Nuevo León. “La violencia escolar es un reflejo de problemas más profundos en nuestra sociedad. Necesitamos instituciones que trabajen en la prevención y en la reconstrucción de los valores familiares”, señaló.
La propuesta de la diputada Caballero ha generado un amplio debate entre la comunidad educativa y los legisladores, quienes analizarán su viabilidad en las próximas semanas. De ser aprobada, esta reforma marcaría un precedente en la lucha contra la violencia escolar, al responsabilizar directamente a quienes, por acción u omisión, permiten que estos actos continúen en las escuelas.
Con esta iniciativa, Nuevo León busca posicionarse como un estado comprometido con la protección de los derechos de los estudiantes y la creación de entornos educativos seguros y libres de violencia.
Por: Diego Ovalle-eitmedia.mx
