Una iniciativa impulsada por diputados del PT busca castigar con hasta tres años de prisión a quien exija o difunda pruebas del voto marcado en boletas electorales. La propuesta, presentada por José Luis Téllez Marín y Reginaldo Sandoval Flores, también plantea multas de 50 a 100 días de salario y ampliar las penas en un tercio si se comprueba que hubo pago o influencia de figuras públicas para manipular al electorado.
La reforma, turnada a la Comisión de Reforma Política-Electoral, prohibiría además publicar imágenes o videos de boletas durante los tres días previos a la elección y hasta el cierre oficial de casillas. Las mesas directivas deberán advertir a los votantes que capturar el sentido del voto es un delito, incluso después de sufragar.
Los legisladores argumentan que la medida busca proteger la confidencialidad del voto y evitar coacciones, especialmente ante el riesgo de que el crimen organizado o influencers pagados manipulen los comicios. Señalan que prácticas como exigir fotografías del voto —usadas para intimidar— han erosionado la credibilidad electoral.
La iniciativa también mira hacia el impacto de las redes sociales. Con ejemplos como las regulaciones en Francia y Australia, los promoventes buscan evitar que figuras públicas distorsionen el proceso con propaganda encubierta. “La libre voluntad del voto no puede estar sujeta a extorsiones digitales”, sostienen.
El proyecto llega en un contexto donde la desinformación y la presión sobre votantes —vía influencers o amenazas— se han vuelto desafíos globales. De aprobarse, marcaría un precedente en la protección del voto secreto, aunque ya genera debate sobre los límites entre la regulación y la libertad de expresión.
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