Con el objetivo de reforzar la protección a la infancia en materia de salud, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez presentó una iniciativa que busca incorporar en la Constitución el derecho de niñas y niños a recibir vacunas de manera gratuita, universal y oportuna como una obligación prioritaria del Estado.
El planteamiento propone modificar el artículo 4º de la Carta Magna, argumentando que, aunque ya se reconoce el derecho general a la protección de la salud, es necesario establecer de forma explícita que la niñez debe contar con el acceso garantizado a las vacunas incluidas en el esquema nacional. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis.
“La vacunación constituye uno de los logros más importantes de la medicina moderna y los programas de inmunización han permitido controlar o erradicar enfermedades que en el pasado causaban altas tasas de mortalidad infantil y generaban enormes costos sociales y económicos”, señala el documento en su exposición de motivos.
Moreira advierte que en los últimos años México ha experimentado una preocupante caída en las coberturas de vacunación, lo cual representa un riesgo grave para la salud pública, especialmente para los sectores más vulnerables. En ese contexto, recordó los logros históricos del país en este rubro, como la erradicación de la poliomielitis en 1990 y la eliminación del sarampión endémico en 2016, gracias a la aplicación sostenida de vacunas. Según cifras del Instituto Nacional de Salud Pública, estas acciones han contribuido a reducir en más del 90% la mortalidad infantil asociada a enfermedades prevenibles.
Actualmente, la obligación del Estado de suministrar vacunas está contemplada en leyes secundarias, como la Ley General de Salud. Sin embargo, el legislador priista considera que no establecerlo como un derecho específico en la Constitución representa una vulnerabilidad estructural que debe corregirse.
“Resulta necesario instaurar en la Constitución el que las niñas y niños las reciban, reforzando así el principio del interés superior de la niñez como eje rector de las políticas públicas de salud”, sostiene la iniciativa.
El diputado concluye que garantizar la vacunación universal no solo protege la salud infantil, sino que también ayuda a reducir desigualdades y prevenir brotes epidémicos que podrían afectar a miles de personas y poner en tensión al sistema de salud nacional. En su propuesta, subraya que la Carta Magna debe señalar con claridad la responsabilidad del Estado en asegurar la disponibilidad, gratuidad, universalidad y oportunidad de las vacunas, como un compromiso con las futuras generaciones.
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