Ante el crecimiento alarmante de los llamados “montachoques” en las carreteras del país, el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis presentó una propuesta de reforma al Código Penal Federal con el objetivo de castigar con hasta ocho años de prisión a quienes provoquen accidentes viales de manera premeditada para extorsionar a sus víctimas.
La iniciativa, que ya fue turnada a la Comisión de Justicia, plantea modificar el artículo 390 para establecer penas de dos a ocho años de prisión y multas económicas que van de cuarenta a ciento sesenta días, para quienes cometan este tipo de delitos en vías de jurisdicción federal. “La legislación vigente no ha sido suficiente para detenerlo y refleja un compromiso serio para abordarlo de manera efectiva”, expresó Carrillo Soberanis al justificar la propuesta.
En su exposición, el legislador explicó que los grupos delictivos responsables de esta práctica operan con intimidación, amenazas y violencia directa para exigir pagos por supuestos daños causados en accidentes fabricados. “Delincuentes provocan un accidente vial para extorsionar a las víctimas y exigir un pago por los daños aparentemente ocasionados o la resolución del supuesto percance”, advirtió.
Carrillo Soberanis alertó que este delito se ha extendido con rapidez por diversas regiones del país, donde ha llegado a convertirse en una fuente constante de ingresos para bandas criminales. Afirmó que estos grupos actúan con total impunidad ante la falta de mecanismos legales eficientes para prevenirlos y castigarlos.
“Es imprescindible que las leyes se adapten a las nuevas realidades digitales y que los mecanismos de protección, prevención y sanción sean más eficaces”, añadió. Señaló también que las reformas deben contemplar las distintas formas en que opera la extorsión para ofrecer una respuesta contundente que garantice la seguridad de las personas.
De acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano citados por el legislador, la impunidad es prácticamente total en estos casos. “La impunidad está presente casi en el 100 por ciento de los casos, por la ausencia de estrategias diferenciadas para cada modalidad del delito, la falta de compromiso de autoridades, dificultades en los procesos de denuncia y una pobre respuesta institucional”, lamentó.
Carrillo Soberanis concluyó que una reforma al marco legal permitirá cerrar la puerta a estas formas de extorsión que afectan a miles de ciudadanos en el país, y aseguró que esta medida representa un paso firme hacia una justicia más efectiva en las carreteras federales.
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