Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, una nueva exigencia cruzó fronteras: incluir a las personas adultas mayores migrantes en el programa de la Pensión del Bienestar. La petición fue presentada por José Joel Paredes Olguín, representante en México de la Red Nacional de Jornaleros en Estados Unidos (NDLON), quien instó al Congreso de la Unión a contemplar esta inclusión en el presupuesto federal de 2026.
“El Ejecutivo estará enviando a la Cámara de Diputados la propuesta de presupuesto para el año 2026; nosotros consideramos esta una oportunidad eficiente para que, en el diseño de este presupuesto, el Ejecutivo considere la deuda que tiene con los adultos mayores que residen en Estados Unidos”, expresó durante el conversatorio “Por una Pensión del Bienestar más allá de las fronteras”, organizado por la diputada Liliana Ortiz Pérez.
En su intervención, Paredes Olguín subrayó que aún persiste en México una visión distorsionada sobre la realidad de los connacionales en el extranjero. “Existe la arraigada y errónea percepción de que los mexicanos que radican en Estados Unidos gozan de excelentes condiciones de vida; sin embargo, el ‘sueño americano’ es un mito”, puntualizó.
Al hablar de México como una nación “transterritorial”, en referencia a los millones de emigrantes que conforman una comunidad viva y activa fuera del país, el representante de NDLON lamentó que una parte significativa de esa población, sobre todo la que supera los 65 años, permanezca invisibilizada por las políticas sociales mexicanas. “Se trata de una deuda histórica del Estado mexicano para sus connacionales, a quienes frecuentemente se refiere como héroes, como heroínas”, declaró.
A su juicio, dejar fuera del presupuesto a este sector es una omisión grave, producto de una falta de visión en términos de geopolítica. “Esta deuda podría ser paliada si terminara la exclusión de estos mexicanos adultos mayores en Estados Unidos al programa de la pensión del bienestar”, concluyó.
Durante el mismo foro, la académica María de Lourdes Rosas López, profesora-investigadora de la UPAEP, destacó que en Estados Unidos viven cerca de 12 millones de personas nacidas en México, lo que representa el 23 por ciento de los inmigrantes en aquel país. A su juicio, las remesas que envían desde el exterior no solo alivian la pobreza interna, sino que también fortalecen la estabilidad nacional. Por ello, advirtió que el Estado mexicano debe asumir una nueva lógica frente a su diáspora, al considerarla no solo como parte de su política social, sino también como una herramienta clave en la política exterior.
Por su parte, la activista Nancy Torres retrató la dura realidad que enfrentan muchos migrantes en edad avanzada. En Estados Unidos, dijo, envejecer sin papeles implica no solo la falta de servicios de salud o una pensión digna, sino también una vida marcada por la criminalización y el temor. Recordó el testimonio de Martha Salazar, una migrante que, en sus palabras, es “un llamado urgente a la acción, a la empatía y a la justicia”.
Mientras el debate sobre el presupuesto para 2026 apenas comienza, la voz de quienes cruzaron la frontera en busca de una vida mejor resuena con más fuerza que nunca. La exigencia es clara: una pensión que no se detenga en la aduana.
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