La tragedia que cimbró a Iztapalapa dejó hasta ahora un saldo devastador: ocho personas fallecidas y 67 hospitalizadas, de las cuales 22 permanecen en estado crítico, seis graves y 39 en condición delicada. Otras 19 víctimas ya fueron dadas de alta. En total, 94 personas resultaron afectadas por la explosión de una pipa de gas LP registrada el pasado miércoles 10 de septiembre en el Puente de la Concordia.
Las víctimas fueron trasladadas a 19 hospitales federales y locales, y existe la posibilidad de reubicarlas en nosocomios distintos según sus necesidades médicas. Mientras tanto, los familiares de quienes perdieron la vida reciben apoyo para gastos funerarios, además de asistencia psicológica y jurídica, según informó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.
“Desde el Gobierno de la Ciudad expresamos nuestra solidaridad, apoyo y respaldo total a las personas que resultaron afectadas, lesionadas, heridas y a las familias de quienes lamentablemente fallecieron en este evento; les decimos que no están solas, no están solos, el Gobierno de la Ciudad de México va a estar apoyando a cada una de las familias y vamos a tener un proceso que garantice que puedan salir adelante”, afirmó.
La mandataria capitalina detalló que habrá un apoyo inicial de emergencia en efectivo y un censo más profundo para identificar los casos más delicados, en particular aquellos en los que la víctima era jefe o jefa de familia. “Hay responsabilidades que tienen que asumirse de parte de privados, pero nosotros somos un gobierno solidario y no podemos dejar pasar esta situación”, subrayó.
El gobierno local trabaja de la mano con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para esclarecer los hechos y diseñar un protocolo que regule la circulación de unidades que transportan combustibles en la capital. Paralelamente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que se investigan diversas hipótesis, entre ellas el posible exceso de velocidad del tráiler siniestrado.
“Se preguntaba sobre el tema de exceso de velocidad, y efectivamente esa es una de las líneas de investigación, estamos próximos a concluir los primeros peritajes que tienen que ver con esto; y la información preliminar que tenemos hasta ahora es probable que haya habido exceso de velocidad”, indicó la fiscal Bertha Alcalde Luján.
El conductor del vehículo se encuentra hospitalizado y bajo custodia. Su situación jurídica será definida una vez que mejore su estado de salud. La empresa propietaria de la pipa, Transportadora Silza —filial del Grupo Tomza—, mantiene contacto con las autoridades y enfrenta dos líneas de investigación: la falta de cuidado en la conducción y el cumplimiento de la normatividad en el transporte de gas.
Durante la emergencia, se desplegaron mil 370 efectivos de los tres niveles de gobierno, además de recibir la colaboración ciudadana. “Este gobierno va a continuar trabajando muy intensamente con las casi 100 familias que tuvieron víctimas lesionadas, heridas o que lamentablemente hayan fallecido; vamos a estar al tanto y apoyando a que se haga justicia”, recalcó Brugada.
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