Ciudad de México.– En un mensaje que buscó dejar claro que la Federación tiene prisa por cerrar filas contra uno de los delitos que más agobian a la ciudadanía, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la 52 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde advirtió que el país entrará en una nueva etapa en el combate a la extorsión con la aplicación de la Ley General y su homologación obligatoria en los 32 estados.
La mandataria sostuvo que el delito ya no dependerá de la denuncia de la víctima, pues ahora se perseguirá de oficio, lo que —según dijo— permitirá actuar con más contundencia. Resaltó además el avance que reporta el gobierno federal: una disminución del 37 por ciento en los homicidios dolosos y reducciones similares en el robo de vehículo con violencia y el robo a casa habitación.
Insistió en que el registro telefónico nacional será clave para cerrar el paso a extorsionadores que operan desde números móviles. Y lanzó un reto: que para finales del próximo año el país pueda presumir una baja significativa en la extorsión, uno de los delitos que más inhiben la actividad comercial, empresarial y cotidiana.
Durante la sesión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó cifras que buscan apuntalar la narrativa de resultados: más de 38 mil 700 detenidos por delitos de alto impacto en 14 meses, el aseguramiento de más de 20 mil armas, 311 toneladas de droga y el desmantelamiento de mil 700 laboratorios de metanfetaminas. En materia de extorsión, dijo que ya suman más de 600 personas detenidas en 22 entidades.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, subrayó el trabajo conjunto de 53 dependencias federales y gobiernos estatales, apuntando a programas de prevención como Jornadas y Ferias de Paz, así como módulos del programa Sí al Desarme, con 8 mil 700 armas recibidas.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, reconoció que el sistema de procuración de justicia seguirá dependiendo de la coordinación entre fiscalías estatales y el Gabinete de Seguridad. Adelantó que se pondrá en marcha un plan basado en seis ejes que busca modernizar y reorganizar el Ministerio Público federal, desde inteligencia criminal hasta la reorientación de recursos para delitos de alto impacto.
Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirmó la aprobación unánime de 11 acuerdos, entre ellos la instrucción a los gobernadores para presentar antes de enero de 2026 las reformas que armonicen su legislación con la Ley General de Extorsión. También se ordenó a la FGR emitir un manual operativo para la atención y persecución de este delito antes de febrero del próximo año.
En la parte política, gobernadores de Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León aseguraron que los resultados de la estrategia ya se sienten en sus estados y agradecieron el respaldo federal. El mandatario de Michoacán celebró la homologación del marco legal como un paso necesario para enfrentar bandas que operan desde su entidad.
Protección Civil presentó además un balance del año, destacando la respuesta ante emergencias por lluvias en diversas entidades y los simulacros nacionales que pusieron a prueba el sistema de alertamiento vía celular.
Con todo, el mensaje central de la sesión fue claro: el gobierno federal quiere mostrar orden, coordinación y resultados. Pero el reto de la extorsión —que ha mutado, crecido y dañado gravemente la economía del país— pondrá a prueba si la estrategia presume avances o se queda en promesas de papel.
