El Congreso del Estado entró en una fase clave de discusión presupuestal rumbo al ejercicio 2026, luego de que legisladoras y legisladores de Movimiento Ciudadano advirtieran riesgos en el dictamen que será analizado en la Comisión de Presupuesto, al considerar que elimina recursos solicitados por el Ejecutivo estatal para obras estratégicas y plantea recortes a dependencias que atienden directamente a la ciudadanía.
Durante el análisis del proyecto, se señaló que la propuesta presupuestal contempla una redistribución considerada incongruente, al negar financiamiento al Estado para inversión pública, mientras se impulsa la aprobación de deuda y refinanciamientos para diversos municipios.
Desde esta postura, se alertó también sobre la reducción de recursos a secretarías fundamentales, al tiempo que se proponen incrementos superiores al 30 por ciento para algunos órganos desconcentrados, sin que exista claridad sobre el equilibrio entre ingresos y egresos, lo que podría contravenir la Ley de Disciplina Financiera.
Las y los legisladores insistieron en que no puede existir un doble criterio en el manejo de los recursos públicos, al aprobar endeudamiento municipal y, de manera paralela, rechazar el financiamiento destinado a proyectos estatales de infraestructura que impactan de forma directa en la movilidad y el desarrollo de Nuevo León.
Asimismo, se reiteró que los recursos solicitados por el Ejecutivo estatal tienen como finalidad concluir obras que no se han realizado en décadas y que representan un punto de inflexión para el crecimiento del estado, por lo que su rechazo implicaría desatender demandas prioritarias de la población.
La bancada adelantó que mantendrá una postura responsable y apegada a la legalidad, por lo que no respaldará un presupuesto que no cumpla con los principios de disciplina financiera, dejando abierta la posibilidad de una abstención en tanto no se corrijan las inconsistencias detectadas en el dictamen.
Finalmente, se hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a mantener un diálogo abierto y constructivo para construir un Presupuesto 2026 consensuado, que cumpla con la ley y priorice el bienestar de las y los ciudadanos por encima de intereses partidistas.
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