Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados busca abrir en México la posibilidad legal de acceder a la muerte asistida para personas mayores de 18 años que la soliciten por escrito y bajo estrictos protocolos médicos. La propuesta, promovida por la diputada de Morena Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, plantea modificaciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal con el fin de que este procedimiento ya no sea considerado delito ni motivo de responsabilidad civil.
El planteamiento establece que la solicitud deberá pasar por la evaluación de un Comité de Bioética, encargado de determinar la capacidad del solicitante y la procedencia del procedimiento. La Secretaría de Salud tendría la responsabilidad de emitir lineamientos, formatos, tiempos de reflexión y requisitos para garantizar un proceso controlado y regulado.
La diputada señala que el personal médico autorizado podrá negarse a practicar la muerte asistida por objeción de conciencia. En esos casos, las instituciones deberán asignar a un profesional no objetor para llevar a cabo el procedimiento, siempre dentro del marco legal y normativo correspondiente.
El proyecto define la muerte asistida como la terminación intencional de la vida por personal médico autorizado y a petición expresa de la persona, ya sea mediante eutanasia o suicidio asistido. La eutanasia implica la intervención directa del profesional de la salud, mientras que el suicidio asistido consiste en proporcionar los medios para que la propia persona ejecute el acto. Ambos procedimientos requerirían aprobación previa de la autoridad competente.
La iniciativa incorpora además un nuevo título en la Ley General de Salud que agruparía los cuidados paliativos y la muerte asistida, con el objetivo de garantizar dignidad, acompañamiento y cumplimiento estricto de los protocolos emitidos por la Secretaría de Salud.
También propone agregar un párrafo al artículo 312 del Código Penal Federal para dejar claro que las prácticas realizadas conforme a la ley no constituirán delito. El documento recuerda que en México la eutanasia y el suicidio asistido están prohibidos, aunque datos de la Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad 2022 muestran un respaldo social creciente: casi siete de cada diez personas consideran que quienes viven un sufrimiento irreversible deberían tener la opción de adelantar su muerte, y más de la mitad apoya el suicidio asistido. Además, una amplia mayoría se pronuncia por modificar la legislación para permitir ayuda médica en estos casos.
La diputada expone que, aunque pocos países han legislado en la materia, varias naciones de Europa, Oceanía y América cuentan con modelos regulados o resoluciones judiciales que permiten estos procedimientos. A su juicio, México debe avanzar hacia un marco legal que reconozca la autonomía personal, la dignidad humana y el derecho a decidir sobre el final de la propia vida cuando los cuidados paliativos ya no ofrecen alivio ni mejoría.
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