La discusión sobre los límites de la medicina estética en adolescentes volvió al Congreso, esta vez impulsada por la diputada federal Ana Isabel González González, quien busca prohibir cualquier intervención plástica con fines estéticos en personas menores de edad. Su propuesta pretende reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a procedimientos que pueden comprometer su salud física y emocional.
La iniciativa establece que únicamente las cirugías reconstructivas derivadas de malformaciones congénitas, traumatismos, quemaduras o condiciones médicas seguirán permitidas. Para ello, cada caso deberá contar con un dictamen multidisciplinario integrado por un cirujano plástico certificado, un pediatra o médico general y un psicólogo clínico infantil.
González González advirtió que, sin estos filtros, los menores quedan expuestos a riesgos que van desde complicaciones médicas hasta decisiones influidas por presiones externas o intereses comerciales. Además, exige que ningún procedimiento pueda realizarse sin el consentimiento por escrito de ambos padres o del tutor legal y que las clínicas cuenten con licencia sanitaria vigente y protocolos de seguimiento postoperatorio.
Durante la presentación de su propuesta, recordó que en 2017 la Sociedad Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva reportó más de un millón de intervenciones en jóvenes. Sin embargo, la falta de cifras actualizadas impide dimensionar con precisión la situación en 2025, lo que dificulta el diseño de políticas públicas.
La diputada reiteró que el cuerpo de un adolescente aún está en desarrollo y que someterlo a una cirugía estética implica riesgos médicos y físicos significativos. Subrayó que un médico que opere sin una indicación terapéutica clara incurre en una falta ética grave y pone en riesgo la salud del paciente.
La propuesta plantea reformas al artículo 272 Bis 1 y al 421 Bis de la Ley General de Salud, con el objetivo de restringir de manera definitiva las cirugías estéticas no reconstructivas en menores. Para González González, se trata de salvaguardar el interés superior de la niñez frente a prácticas que no responden a una necesidad médica, sino a la presión social o al lucro.
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