El diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdez, advirtió que la estrategia de seguridad del Gobierno Federal refleja un deterioro alarmante en la percepción ciudadana y un fracaso en las políticas actuales, al señalar que seis de cada 10 mexicanos consideran inseguro vivir en su ciudad.
Durante el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, el legislador sostuvo que, frente al aumento de la inseguridad en la Ciudad de México y en diversas entidades gobernadas por Morena, la reacción de las autoridades ha sido intentar minimizar la realidad y presionar a los medios de comunicación para reducir la cobertura de hechos delictivos.
“Lo primero para mejorar la seguridad es aceptar cómo están las cosas. Engañarse a uno mismo y censurar a los medios no protege a la gente, solo exhibe la incapacidad de quienes gobiernan”, expresó el coordinador parlamentario del PRI.
Al analizar diversos casos recientes de violencia, entre ellos un robo cometido por sujetos disfrazados de barrenderos en la alcaldía Gustavo A. Madero y un asalto en pleno Centro Histórico, frente a la Alameda, Moreira Valdez advirtió sobre los riesgos que enfrentan diariamente ciudadanos y visitantes en la capital del país.
“Esta es la Ciudad de México real: una ciudad peligrosísima, llena de trampas. Mientras esto ocurre todos los días, el gobierno prefiere negar lo evidente”, afirmó el exgobernador de Coahuila.
En la mesa de análisis participaron también los especialistas Julián Martínez Proa, Miguel Ángel Sulub y Mario Di Costanzo, quienes citaron datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, que muestran un aumento en la percepción de inseguridad en diversas alcaldías de la capital: Tláhuac pasó de 66.8 a 72.3 por ciento; Azcapotzalco de 59.6 a 68.5 por ciento; Milpa Alta de 52.3 a 65.4 por ciento; y La Magdalena Contreras de 55.9 a 65.2 por ciento.
En ese contexto, los analistas criticaron las declaraciones de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien propuso que los medios “le bajen” a la nota roja y planteó la firma de acuerdos para no difundir información sobre hechos delictivos, bajo el argumento de que ello incrementa la percepción de inseguridad.
Julián Martínez Proa señaló que estas posturas colocan a la mandataria capitalina en lo que calificó como el “club de la censura”, junto con otros gobiernos estatales que han buscado limitar la libertad de prensa. Afirmó que la percepción de inseguridad aumenta no por la cobertura mediática, sino por la persistencia de la violencia cotidiana.
Por su parte, Mario Di Costanzo consideró que pedir a los medios que dejen de informar constituye un acto de censura y un intento por construir una narrativa ajena a la realidad que viven diariamente los ciudadanos. Miguel Ángel Sulub coincidió en que se trata de un esfuerzo por ocultar el problema, lo que termina por agravar la desconfianza social.
Rubén Moreira concluyó que ningún gobierno puede corregir un problema que se niega a reconocer, y advirtió que mientras no se asuma la dimensión real de la inseguridad, cualquier estrategia estará condenada al fracaso.
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