Con el argumento de que la inteligencia artificial se ha convertido en un asunto estratégico para el desarrollo nacional, el diputado del Partido del Trabajo, Santiago González Soto, presentó una iniciativa para reformar y adicionar el artículo 73 de la Constitución Política, a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes que regulen su uso y el de dispositivos tecnológicos afines.
La propuesta plantea que el Poder Legislativo pueda establecer requisitos, límites, principios, bases y lineamientos sobre el funcionamiento de la inteligencia artificial, así como emitir las disposiciones necesarias para hacer efectivas esas atribuciones y todas las demás concedidas por la Constitución a los Poderes de la Unión. El proyecto fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su análisis.
En la exposición de motivos, el legislador sostiene que la iniciativa ofrece una visión integral sobre los fundamentos, aplicaciones, beneficios y desafíos de la inteligencia artificial, con el propósito de que el Congreso tenga la facultad de emitir una Ley Federal en la materia.
El documento advierte que esta tecnología se ha consolidado a nivel mundial por su capacidad de transformar sectores clave como la economía, la seguridad, la salud, la educación y la gobernanza. Su desarrollo, expone, genera ventajas competitivas en innovación y productividad, además de incidir en la soberanía tecnológica y en la competencia geopolítica entre naciones.
La propuesta también señala que la inteligencia artificial influye en la toma de decisiones públicas y en la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos del siglo XXI. En el ámbito laboral, apunta, está provocando una reconfiguración profunda al automatizar tareas rutinarias y exigir nuevas competencias especializadas, aunque no necesariamente implica la sustitución de empleos, sino la creación de oportunidades en áreas como análisis de datos, programación, ciberseguridad y gestión ética de la tecnología.
González Soto advierte que, si bien la inteligencia artificial puede generar empleos bien remunerados, existe escasez de especialistas, por lo que una legislación en la materia permitiría incentivar programas de formación, fomentar la inclusión de mujeres y grupos subrepresentados, así como promover incentivos fiscales para la capacitación de talento.
El diputado considera que la adopción acelerada de esta tecnología en la industria y en la vida cotidiana, así como su potencial para impulsar el crecimiento del ecosistema empresarial y del producto interno bruto, representan una oportunidad histórica para México que requiere atención prioritaria del Estado.
No obstante, reconoce que la ausencia de una estrategia nacional, la dispersión de políticas públicas y el aumento de riesgos como la discriminación y la vulneración de derechos evidencian la urgencia de un marco jurídico integral.
De aprobarse la reforma, el Congreso podría expedir una ley general en materia de inteligencia artificial que, según el planteamiento, alinearía al país con las mejores prácticas internacionales, fortalecería el desarrollo científico y tecnológico, reduciría brechas de talento y ofrecería mayor protección a los derechos humanos, con el objetivo de convertir a esta herramienta en un motor de prosperidad incluyente y sostenible.
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