Ciudad de México.– En un contexto donde la extorsión se ha convertido en uno de los delitos que más afectan a la población mexicana, el diputado Ricardo Monreal Ávila impulsa una iniciativa constitucional para que el Congreso de la Unión pueda expedir una Ley General en materia de extorsión. La propuesta busca establecer un marco jurídico homogéneo en todo el país, enfocado en la prevención, sanción y atención a las víctimas.
“La extorsión se ha venido incorporando, lamentablemente, en perjuicio de los ciudadanos”, advirtió el legislador, quien también preside la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordina al grupo parlamentario de Morena. “Es juntos como podemos enfrentar el reto de la delincuencia organizada”, añadió.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y contempla modificar el artículo 73 de la Constitución, en su fracción 21, para facultar al Congreso a emitir una legislación nacional que permita la coordinación efectiva entre Federación, estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.
Monreal aplaudió la estrategia de seguridad recientemente anunciada por el Gabinete federal, que iniciará su aplicación en ocho estados donde se concentra cerca del 70% de las extorsiones en el país. “Bien por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por tener clara la meta de recuperar nuestra paz y nuestra tranquilidad”, expresó el legislador. También reconoció el trabajo del Secretario de Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas por priorizar los delitos que más dañan a la ciudadanía.
Según datos citados en el documento legislativo, la extorsión ha desplazado otras prácticas criminales, como el tráfico de drogas, y se ha convertido en una actividad estructural del crimen organizado, afectando por igual a empresarios, comerciantes, estudiantes, amas de casa y productores del campo.
Monreal subrayó que más de 1.3 millones de pequeños y medianos negocios, es decir, el 27.2% de las unidades económicas del país, han sufrido las consecuencias de este delito, ya sea por amenazas, robo de mercancía o pago de cuotas.
A pesar de que el delito ya está tipificado en el Código Penal Federal y en la mayoría de las legislaciones estatales, el legislador consideró que la respuesta ha sido fragmentada e insuficiente. La falta de coordinación entre autoridades y la disparidad normativa, dijo, perpetúan la impunidad y limitan el acceso igualitario a la justicia.
Finalmente, el diputado enfatizó la necesidad de responder con seriedad y unidad: “La expedición de una ley general permitiría implementar de forma efectiva los compromisos internacionales asumidos por México y fortalecería la protección de los derechos humanos de todas las víctimas”.
La propuesta marca un paso hacia una política pública integral para enfrentar uno de los delitos más extendidos y silenciosos en el país.
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