El alcalde de Juárez, Félix Arratia Cruz, promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se revise la legalidad de diversas multas y requerimientos emitidos por el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Nuevo León.
La acción legal se da en el contexto de la reforma constitucional federal en materia de transparencia publicada en diciembre de 2024 y de la nueva Ley General de marzo de 2025, que modificaron el diseño institucional del sistema nacional de acceso a la información y ordenaron a los estados armonizar su marco jurídico.
Arratia Cruz sostuvo que las sanciones impuestas por el organismo estatal responden a criterios alejados del objetivo central de garantizar el derecho de acceso a la información y advirtió que, mientras el Congreso del Estado no concluya la armonización legislativa, persiste incertidumbre jurídica sobre el alcance real de las facultades del instituto, cuya extinción fue ordenada por mandato constitucional.
“En Juárez no estamos en contra de la transparencia; estamos a favor de que se aplique con legalidad, certeza y sin sesgos. La ley debe ser clara para todos y no puede prestarse a interpretaciones que vulneren la autonomía municipal”, afirmó el edil.
El Ayuntamiento argumenta que la continuidad de multas y medidas de apremio, en medio de un proceso de adecuación constitucional inconcluso, podría carecer de sustento actualizado y afectar la autonomía que el artículo 115 de la Constitución reconoce a los municipios.
Aunque las sanciones fueron dirigidas formalmente a una funcionaria municipal, el gobierno local sostiene que su impacto recae directamente en la operación institucional y en la hacienda pública, comprometiendo recursos que —afirmó— deben destinarse a atender necesidades prioritarias de la población.
En ese sentido, el alcalde planteó que es momento de revisar a fondo la permanencia y funcionamiento del organismo estatal.
“Juárez necesita inversiones que transformen la vida de nuestra gente. Cada peso debe traducirse en obras y servicios, no en burocracia excesiva. Si esos recursos se destinaran, por ejemplo, a la construcción de un nuevo hospital para nuestras familias, el impacto sería inmediato y tangible”, subrayó.
En la controversia presentada se solicita que la Suprema Corte analice la constitucionalidad de los actos impugnados, determine si existe omisión legislativa por parte del Congreso local y, en su caso, invalide las multas. También se pidió la suspensión de los actos reclamados para evitar afectaciones económicas y administrativas mientras se resuelve el fondo del asunto.
La resolución que emita el máximo tribunal podría sentar un precedente sobre los límites de actuación de los organismos garantes locales frente a los municipios, en el marco de la reciente reforma nacional en materia de transparencia.
Con esta acción, el Gobierno Municipal de Juárez reiteró su postura de defender la autonomía municipal y exigir reglas claras, al tiempo que insiste en que los recursos públicos deben aplicarse en beneficio directo de las y los juarenses.
eitmedia.mx
