Diputados locales del Partido Acción Nacional y representantes de 21 organismos empresariales sostuvieron una reunión en el Congreso de Nuevo León para definir fechas y estrategias rumbo a la realización de mesas de trabajo enfocadas en el análisis técnico de una reforma judicial en la entidad.
El encuentro fue encabezado por el coordinador de la bancada panista, Carlos de la Fuente Flores, y la diputada Myrna Grimaldo Iracheta, quien funge como enlace con la iniciativa privada.
Por parte de los organismos empresariales participaron representantes del Consejo Cívico, la CANADEVI, la Fundación Konrad Adenauer, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C., y la COPARMEX, entre otros.
Grimaldo Iracheta explicó que el objetivo es avanzar en una reforma judicial con base técnica y visión ciudadana, de cara al proceso electoral de 2027, en el que se renovarán diversos cargos públicos, incluidos los relacionados con el Poder Judicial.
La legisladora señaló que existe coincidencia entre los distintos actores en la necesidad de garantizar procesos democráticos, con perfiles preparados y con experiencia en materia judicial, evitando prácticas como la inclusión de candidatos sin trayectoria o desconocidos.
Asimismo, indicó que los organismos empresariales solicitaron acelerar el análisis de la reforma, con el fin de evitar rezagos y asegurar que el nuevo modelo judicial en el estado sea distinto a lo que ha ocurrido a nivel federal.
La diputada destacó que el Grupo Legislativo del PAN respalda la realización de mesas de trabajo técnicas, en las que participen especialistas y académicos, para fortalecer el diseño de la reforma y preservar la calidad del Poder Judicial en la entidad.
En el mismo contexto, Grimaldo Iracheta acusó al Movimiento Regeneración Nacional de retrasar el avance del proyecto, al no impulsar la realización de estas mesas de análisis.
Finalmente, subrayó la importancia de que la reforma avance con claridad y consenso, ante la cercanía de los procesos electorales, y reiteró la necesidad de que los acuerdos alcanzados se reflejen en dictámenes y votaciones concretas dentro del Congreso local.
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