La Fiscalía General de la República informó que abrirá una investigación en torno al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y tráfico de armas.
El fiscal de asuntos relevantes, Ulises Lara López, indicó que, de acuerdo con la valoración inicial de la institución, la acusación presentada por autoridades estadounidenses no cuenta con elementos probatorios suficientes para que en México se solicite una detención con fines de extradición.
Precisó que la FGR llevará a cabo una indagatoria para recabar información que permita determinar si existen datos de prueba que respalden la acusación y, en su caso, sustenten acciones legales en territorio nacional.
El caso fue presentado en Estados Unidos ante un gran jurado en Nueva York, mientras que en México la fiscalía iniciará su propio proceso de revisión para evaluar la viabilidad jurídica de proceder conforme a la legislación mexicana.
En relación con el procedimiento de extradición, se señala que el tratado vigente entre México y Estados Unidos permite solicitar la detención provisional de una persona a partir de una petición formal del país requirente, la cual debe ser presentada ante un juez federal.
De acuerdo con la información disponible, el gobierno estadounidense hizo llegar la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se inicie el procedimiento correspondiente contra Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y otros exfuncionarios.
La FGR también advirtió que la difusión íntegra de la acusación podría tener implicaciones en el debido proceso. Asimismo, recordó que en el caso de servidores públicos con fuero, como gobernadores y legisladores, es necesario agotar previamente los mecanismos legales correspondientes, como el juicio político o el retiro de inmunidad, antes de proceder penalmente.
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