Ciudad de México.— La Fiscalía General de la República (FGR) intensificó las investigaciones en torno al polémico caso ocurrido en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde murieron cuatro personas, dos de ellas identificadas como agentes extranjeros presuntamente vinculados a la CIA, lo que ha encendido alertas por un posible tema de seguridad nacional.
De acuerdo con información oficial, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), ha citado a declarar a cerca de 50 personas que participaron en el operativo relacionado con el hallazgo de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. Estas comparecencias forman parte de una indagatoria que, desde ahora, se perfila como una de las más delicadas en materia de cooperación internacional y soberanía en los últimos años.
El caso se originó tras la revelación hecha el pasado 19 de abril por el entonces fiscal general de justicia de Chihuahua, quien dio a conocer los hechos en conferencia de prensa. Sin embargo, más allá de la versión inicial, la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional —y bajo qué պայմանes operaban— es el punto que ha elevado la tensión política y jurídica del asunto.
Fuentes de la propia Fiscalía confirmaron que ya se han girado requerimientos a diversas autoridades para esclarecer si los agentes contaban con acreditaciones legales, quién autorizó su presencia y bajo qué marco jurídico se desarrolló el operativo. También se busca determinar si el Gobierno de Chihuahua tenía conocimiento pleno de la participación de estos elementos extranjeros.
La FGR dejó claro que asumirá de manera exclusiva la investigación, subrayando que es la única autoridad competente para esclarecer este tipo de hechos, particularmente cuando existe la posibilidad de delitos relacionados con la seguridad nacional.
El hecho de que agentes extranjeros hayan perdido la vida en territorio mexicano, en medio de un operativo vinculado al narcotráfico, abre múltiples interrogantes: desde la legalidad de su actuación hasta el nivel de coordinación —o falta de ella— entre autoridades locales, federales y extranjeras.
La dependencia federal aseguró que las investigaciones serán exhaustivas y que se llegará al fondo del asunto para deslindar responsabilidades. El mensaje es contundente: ningún actor, nacional o extranjero, está por encima de la ley.
Mientras avanzan las diligencias, el caso Chihuahua ya no es solo un expediente más. Se ha convertido en un foco rojo que pone bajo la lupa la operación de agencias extranjeras en México y la capacidad del Estado para regularlas y sancionarlas cuando cruzan la línea.
“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, reiteró la Fiscalía.
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