¿Quién gobierna realmente?
México vive atrapado en una contradicción cada vez más incómoda. Mientras desde Palacio Nacional se insiste en que “manda el pueblo”, las noticias diarias siguen mostrando regiones enteras dominadas por la violencia, laboratorios clandestinos operando en zonas serranas y autoridades obligadas a salir una y otra vez a negar lo que afuera ya se da casi por hecho: que el crimen organizado dejó de ser solamente un problema de seguridad para convertirse en un actor con influencia política, económica y territorial.
Las declaraciones de Donald Trump asegurando que México “es gobernado por los cárteles” son ofensivas para cualquier nación soberana y, además, simplistas. Pero lo verdaderamente preocupante no es lo que diga el mandatario estadounidense, sino que exista suficiente evidencia en la realidad mexicana para alimentar ese discurso una y otra vez.
Porque mientras la presidenta Claudia Sheinbaum rechaza tajantemente esas afirmaciones, el país observa cómo aparecen narcolaboratorios industriales, cómo comunidades completas viven bajo amenazas criminales y cómo incluso investigaciones federales terminan involucrando militares, agencias extranjeras y posibles irregularidades en operativos de alto nivel. El problema ya no es solamente de percepción internacional; el problema es que México no ha logrado convencer ni siquiera a sus propios ciudadanos de que el Estado mantiene control absoluto del territorio.
Y el caso de Chihuahua es una muestra delicadísima de ello. La sola posibilidad de que ciudadanos estadounidenses presuntamente vinculados con la CIA murieran dentro de un laboratorio clandestino en territorio mexicano abre preguntas gravísimas sobre soberanía, inteligencia y coordinación binacional. ¿Qué hacían ahí? ¿Quién autorizó qué? ¿Hasta dónde llegan realmente los acuerdos entre ambos países? El silencio parcial y las respuestas limitadas solo alimentan más sospechas.
Mientras tanto, la política mexicana parece seguir girando en otro universo. Los partidos ya comenzaron la carrera por 2027, repartiéndose candidaturas, midiendo alianzas y construyendo campañas, como si el país no enfrentara una crisis de credibilidad institucional. El PAN en Nuevo León ya mueve piezas rumbo a Monterrey; Morena y la oposición continúan enfrascados en guerras narrativas; y la clase política sigue atrapada en cálculos electorales mientras la ciudadanía exige resultados concretos en seguridad, justicia y combate a la corrupción.
Precisamente ahí aparece otra paradoja. En el Congreso se presentan iniciativas para declarar imprescriptibles delitos de corrupción cometidos por servidores públicos, una propuesta que suena correcta y necesaria en un país donde demasiados funcionarios logran escapar gracias al paso del tiempo. Pero el problema de México nunca ha sido solamente la falta de leyes. El problema ha sido la falta de voluntad para aplicarlas sin distingos políticos.
Porque de poco sirve endurecer la Constitución si cada sexenio convierte la justicia en herramienta selectiva. Hoy se acusa a unos; mañana se protege a otros. Y así, entre discursos anticorrupción y pactos de conveniencia, el ciudadano termina viendo cómo la impunidad cambia de color, pero nunca desaparece.
México necesita mucho más que conferencias matutinas, desmentidos diplomáticos o discursos patrióticos. Necesita recuperar autoridad moral, credibilidad institucional y control territorial real. Porque cuando desde el extranjero se cuestiona quién manda en el país, la respuesta no debería construirse solamente con palabras. Debería sostenerse con hechos contundentes.
Y hoy, tristemente, esos hechos siguen dejando demasiadas dudas.
