La confrontación entre el Congreso local y el Gobierno de Nuevo León volvió a escalar luego de que la Comisión Anticorrupción aprobara avanzar en tres expedientes de juicio político relacionados con presuntas irregularidades atribuidas al gobernador Samuel García Sepúlveda.
Durante la sesión legislativa, diputados dieron luz verde al inicio de investigaciones derivadas de resoluciones emitidas previamente por autoridades electorales y judiciales, abriendo un nuevo capítulo en la disputa política que desde hace meses mantiene enfrentados al Poder Ejecutivo y al Legislativo estatal.
La presidenta de la Comisión Anticorrupción, Armida Serrato Flores, explicó que uno de los expedientes está relacionado con la resolución del Tribunal Electoral federal que señaló una presunta intervención indebida del mandatario estatal en la elección al Senado de 2024.
Otro de los procesos deriva de la resolución donde autoridades electorales determinaron responsabilidad del gobernador por afectar la equidad de la contienda presidencial al beneficiar presuntamente al entonces candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.
A estos casos se suma un tercer expediente vinculado con la omisión del Ejecutivo estatal en la publicación de decretos y acuerdos emitidos por el Congreso local, situación que incluso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Según explicó Serrato Flores, la Comisión solicitará información a diversas autoridades estatales y federales, incluyendo al Tribunal Electoral, organismos electorales y fiscalías especializadas, para fortalecer las investigaciones y determinar posibles responsabilidades políticas.
La legisladora advirtió además que cualquier funcionario que proporcione información falsa o incumpla con los requerimientos podría enfrentar consecuencias legales adicionales dentro de los mismos procesos.
En paralelo, la diputada priista lanzó nuevas críticas contra el Gobierno estatal por presuntos retrasos en la entrega de apoyos sociales correspondientes a programas dirigidos a mujeres cuidadoras, jefas de familia, personas con discapacidad y beneficiarios del esquema Hambre Cero.
Armida Serrato acusó a la administración estatal de incumplir con los tiempos establecidos para la dispersión de recursos, señalando que el retraso impacta directamente en familias que dependen de esos apoyos para cubrir necesidades básicas.
Mientras el conflicto político se intensifica en Nuevo León, el avance de estos juicios políticos vuelve a colocar al gobernador Samuel García en el centro de la confrontación institucional, en un escenario donde las disputas entre poderes continúan marcando buena parte de la agenda pública estatal.
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