La presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, lanzó una advertencia sobre los riesgos institucionales que podría enfrentar el árbitro electoral si prospera la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impedir que perfiles presuntamente vinculados al crimen organizado lleguen a candidaturas de elección popular.
Durante un posicionamiento público, Taddei sostuvo que el INE no puede convertirse en una autoridad que califique la “integridad” de aspirantes, ya que ello pondría al organismo en medio de disputas políticas y comprometería su papel como árbitro neutral de las elecciones.
La consejera explicó que la propuesta enviada al Congreso plantea la creación de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, integrada por cinco consejeros electorales y con carácter permanente dentro del instituto.
Según el planteamiento presidencial, dicha comisión serviría como enlace entre partidos políticos y dependencias del Estado relacionadas con seguridad, inteligencia y procuración de justicia, entre ellas la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera.
El mecanismo contempla que los partidos políticos entreguen listas de aspirantes para ser sometidos a revisiones de riesgo. Posteriormente, las autoridades de seguridad analizarían los perfiles y comunicarían al INE si existe un “riesgo razonable” relacionado con posibles vínculos ilícitos.
No obstante, Taddei enfatizó que el esquema sería voluntario y que la responsabilidad final sobre la selección de candidaturas seguiría recayendo en los propios partidos.
Aun así, advirtió que el problema surgiría si la legislación termina otorgando al INE facultades para determinar o juzgar directamente la probidad de los aspirantes.
“La autoridad electoral no puede ser juez y parte”, dejó claro la titular del instituto al insistir que el organismo tiene funciones administrativas y no ministeriales o judiciales.
La presidenta del INE remarcó que investigar y sancionar posibles nexos criminales corresponde exclusivamente a las autoridades de seguridad y procuración de justicia, las únicas —dijo— con capacidad legal y técnica para establecer si existe un riesgo real.
Aunque el instituto manifestó disposición para colaborar con el Congreso durante el análisis de la reforma, Taddei insistió en que deben quedar perfectamente delimitadas las atribuciones de cada institución para evitar que el árbitro electoral termine atrapado en confrontaciones partidistas.
El posicionamiento del INE se da en medio del debate nacional sobre la infiltración del crimen organizado en procesos electorales y mientras el gobierno federal busca endurecer los filtros sobre quienes aspiren a cargos públicos.
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Con información de https://centralelectoral.ine.mx/
