El abogado Candelario Maldonado informó que acudieron ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para solicitar que se ejerza acción penal contra todas las personas presuntamente involucradas en un caso de despojo, entre ellas Patricio Eugenio Zambrano.
A las afueras de la Fiscalía, el litigante señaló que existen elementos dentro de la carpeta de investigación para proceder legalmente contra quienes participaron en los hechos.
“No se vale que llegues armado de un grupo de individuos y que te haga creer que eres la autoridad y que despojes, que hagas tu justicia por tu propia mano y mucho menos transmitirlo en redes sociales o humillar a una mujer o a una mamá dejando sin hogar y sin techo a unos menores de edad”, expresó.
Maldonado indicó que actualmente se desarrolla una audiencia de imputación contra algunas personas detenidas relacionadas con el caso y que esperan que un juez determine su situación jurídica.
Asimismo, informó que solicitaron formalmente una orden de aprehensión contra Patricio Zambrano y otras personas presuntamente involucradas, al considerar que los videos difundidos públicamente forman parte de las pruebas integradas en la investigación.
“Quien ejecuta, planea, actúa, impulsa y motiva un hecho ilícito tiene que pagar las consecuencias de sus actos”, afirmó.
El abogado adelantó además que promoverán una demanda civil por daño moral contra Zambrano y otras personas vinculadas al caso, al sostener que su representada fue expuesta públicamente y señalada de manera injusta.
Según explicó, la mujer involucrada mantenía la posesión del inmueble desde hace aproximadamente diez años derivado de un contrato de compraventa celebrado con la propietaria original.
“La señora quedó como una villana cuando había mucha información que no se dio a conocer”, manifestó.
Maldonado agregó que, además del presunto despojo, consideran que podrían existir otros hechos relacionados con violencia moral, psicológica y presunta violencia de género.
Finalmente, rechazó que el asunto tenga un trasfondo político y sostuvo que corresponde a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades que procedan conforme a derecho.
“La ley es la ley. Aquí no tiene nada que ver la política. Nadie puede tomar justicia por su propia mano”, concluyó.
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