Con la intención de evitar gastos adicionales a las familias sin afectar las sanciones contra quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, el coordinador del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso local, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa para modificar la legislación estatal y permitir que un familiar o persona de confianza pueda retirar un vehículo durante los operativos antialcohol.
La propuesta busca reformar la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial de Nuevo León para que, una vez asegurado el conductor que incurrió en una falta, la unidad pueda quedar bajo resguardo de otra persona que cuente con licencia vigente y esté en condiciones aptas para conducir.
Treviño Cantú explicó que la medida encuentra sustento en diversos criterios emitidos por órganos del Poder Judicial Federal, los cuales establecen una diferencia entre la sanción impuesta al automovilista y la retención del vehículo. Según dichos criterios, una vez eliminada la situación de riesgo provocada por la conducción en estado de ebriedad, el aseguramiento de la unidad pierde su finalidad preventiva.
El legislador subrayó que la iniciativa no pretende flexibilizar ni eliminar las sanciones contempladas para quienes manejan bajo los efectos del alcohol. Por el contrario, aclaró que multas, arrestos o cualquier otra medida administrativa seguirían aplicándose conforme a la ley.
Lo que se busca, dijo, es evitar que las familias enfrenten costos derivados del arrastre y resguardo de los vehículos cuando exista una persona responsable que pueda hacerse cargo de la unidad de manera inmediata y segura.
La propuesta plantea modificar el artículo 68 Bis 1 de la legislación vigente para facultar a una persona distinta al conductor infractor a retirar el automóvil, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por las autoridades correspondientes.
Treviño destacó que algunos municipios metropolitanos, entre ellos Apodaca y San Pedro Garza García, ya contemplan mecanismos similares dentro de sus reglamentos locales, por lo que consideró conveniente establecer una disposición estatal que permita homologar criterios en todo Nuevo León.
El coordinador priista señaló que la reforma pretende otorgar certeza jurídica a los municipios y fortalecer un esquema que combine la seguridad vial con medidas administrativas proporcionales, evitando afectaciones económicas innecesarias para los ciudadanos sin comprometer la aplicación de la ley.
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