Las debilidades del sistema de justicia penal, los desafíos en materia de seguridad pública y las consecuencias humanas que generan las fallas institucionales fueron puestos sobre la mesa durante el encuentro “Las Miserias del Derecho Penal: Anatomía de una Crisis”, organizado por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León.
La reunión congregó a integrantes de la comunidad jurídica, académica y empresarial en un ejercicio de reflexión que buscó ir más allá de los tecnicismos legales para adentrarse en una discusión sobre los efectos reales que enfrenta la ciudadanía cuando el sistema de justicia no funciona como debería.
A lo largo de la jornada, especialistas de distintos ámbitos compartieron experiencias y perspectivas sobre uno de los temas que más preocupan a la sociedad mexicana: la capacidad de las instituciones para garantizar seguridad, justicia y respeto a los derechos humanos.
Entre los participantes estuvieron Aldo Fasci Zuazua, quien abordó los retos que enfrenta la estrategia de seguridad pública; Ángel Mario García Guerra, que ofreció una visión desde la función jurisdiccional; Consuelo Bañuelos Lozano, quien centró su intervención en la protección de los derechos humanos dentro del sistema penal; y Carlos Alejandro Martínez Morales, que aportó una perspectiva personal sobre las consecuencias que pueden derivarse de las fallas institucionales.
El encuentro destacó por su formato poco convencional. Inspirado en la obra del jurista italiano Francesco Carnelutti, los organizadores propusieron una especie de disección crítica del sistema penal mexicano, examinando sus áreas más sensibles desde diferentes ángulos y experiencias.
Más allá de la discusión jurídica, el evento buscó generar conciencia sobre la manera en que las decisiones institucionales impactan directamente en la vida de las personas, tanto de quienes son víctimas de delitos como de aquellos que enfrentan procesos judiciales.
Para Mariano A. De León, socio fundador de De León y Asociados, resulta indispensable que el conocimiento sobre el funcionamiento del sistema judicial no permanezca únicamente en círculos especializados, sino que llegue a la sociedad en general.
Consideró que una ciudadanía informada tiene mayores herramientas para participar en la vida pública y exigir instituciones más eficientes y transparentes.
Durante su intervención también destacó la necesidad de fortalecer la profesionalización de quienes ejercen la abogacía y abrir el debate sobre mecanismos que permitan elevar los estándares de calidad en la defensa jurídica.
Uno de los planteamientos abordados fue la posibilidad de avanzar hacia esquemas de colegiación profesional que contribuyan a garantizar una representación legal adecuada y a erradicar prácticas que afectan tanto a víctimas como a personas sujetas a procesos judiciales.
Los participantes coincidieron en que las fallas del sistema penal no son un asunto exclusivo de abogados, jueces o autoridades, sino una realidad que puede alcanzar a cualquier ciudadano en algún momento de su vida.
Por ello, subrayaron la importancia de promover espacios de diálogo que permitan comprender mejor las fortalezas y debilidades de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.
La discusión también puso énfasis en la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana mediante procesos más transparentes, eficientes y humanos, capaces de responder a las exigencias de una sociedad cada vez más informada y participativa.
Al cierre del encuentro, quedó una conclusión compartida entre los asistentes: la construcción de un verdadero Estado de Derecho requiere algo más que reformas legales. Exige capacitación permanente, compromiso institucional y una participación activa de la sociedad para impulsar cambios que permitan que la justicia deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad para todos.
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