Desde el Congreso del Estado, las diputadas locales de Morena, Anylú Bendición Hernández y Grecia Benavides, presentaron un exhorto para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León investigue presuntos actos de extorsión cometidos por elementos de tránsito y policías municipales de Salinas Victoria en contra de transportistas que circulan por la carretera a Colombia.
Las legisladoras plantearon que las denuncias públicas realizadas por operadores del transporte y organizaciones del sector no pueden quedar únicamente en el ámbito de la queja, sino que deben ser atendidas con rigor institucional, especialmente cuando se trata de posibles abusos de autoridad que podrían impactar actividades económicas y proyectos estratégicos para el estado.
En el documento, dirigido a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, se solicita que, en caso de encontrarse elementos suficientes, se integren las carpetas de investigación correspondientes y se finquen responsabilidades a los servidores públicos involucrados.
“Las y los transportistas merecen transitar libres de abusos y de cualquier acto que vulnere sus derechos. Ninguna autoridad puede utilizar su cargo para intimidar, extorsionar o afectar el trabajo de quienes contribuyen al desarrollo económico de nuestro estado”, sostuvo Anylú Bendición Hernández.
Las denuncias refieren presuntos cobros indebidos y multas consideradas excesivas a conductores que circulan por esta vía, situación que ha generado preocupación en el sector transporte. El caso cobra relevancia al tratarse de una zona vinculada a los trabajos del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, una obra federal de alto impacto regional.
“Cuando existen denuncias tan graves como las que han expresado los transportistas, las instituciones deben actuar de manera inmediata y sin distingos. Nadie puede estar por encima de la ley”, señaló la diputada Grecia Benavides.
El exhorto también pide la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León para que inicie una investigación de oficio sobre posibles violaciones a derechos humanos derivadas de estos hechos.
Las legisladoras afirmaron que el Congreso debe mantenerse vigilante ante cualquier señal de abuso de autoridad, particularmente en municipios como Salinas Victoria, y reiteraron que continuarán impulsando acciones para fortalecer la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones públicas.
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