Ciudad de México.- Ante las constantes quejas de usuarios por la falta de respuesta a reportes, aclaraciones y gestiones relacionadas con el servicio eléctrico, el diputado federal Alan Sahir Márquez Becerra, del PAN, presentó una iniciativa para obligar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a responder toda solicitud ciudadana en un plazo máximo de 10 días hábiles.
La propuesta plantea adicionar el artículo 66 Bis de la Ley del Sector Eléctrico para establecer que la empresa productiva del Estado deberá emitir una respuesta fundada y motivada a cualquier petición, trámite o gestión presentada por las personas usuarias, ya sea por escrito o mediante medios electrónicos.
De acuerdo con la iniciativa, la respuesta deberá contener de manera clara los argumentos y fundamentos legales que sustenten la determinación adoptada, así como informar sobre procedimientos, plazos y requisitos adicionales cuando sea necesario.
El legislador panista propone además que, si la CFE no responde dentro del plazo establecido, se presuma la procedencia de la solicitud en lo conducente, siempre que no contravenga disposiciones legales o técnicas aplicables, debiendo resolverse de manera inmediata en favor de la persona usuaria o justificar plenamente la imposibilidad de otorgar lo solicitado.
La iniciativa contempla excepciones para aquellos casos que, por su complejidad técnica, requieran un mayor tiempo de análisis. En dichos supuestos, la Comisión deberá notificar al solicitante antes de que venza el plazo inicial de 10 días hábiles, explicando las razones de la demora y estableciendo una fecha definitiva de respuesta que no podrá exceder los 20 días hábiles.
Asimismo, se plantea que la CFE implemente mecanismos accesibles de seguimiento y consulta para que las personas usuarias puedan conocer el estado de sus solicitudes, garantizando transparencia, trazabilidad y certeza jurídica.
El proyecto, turnado a la Comisión de Energía para su análisis, señala que actualmente miles de usuarios presentan reportes, solicitudes de aclaración o gestiones a través de diversos canales institucionales sin recibir respuesta en tiempos razonables y, en algunos casos, sin obtener contestación alguna.
Márquez Becerra argumentó que, aunque la CFE cuenta con centros de atención, plataformas digitales y líneas telefónicas para recibir solicitudes, la legislación vigente no establece plazos obligatorios para su resolución, lo que genera incertidumbre y afecta la confianza ciudadana.
Como parte de la justificación de la reforma, el diputado destacó que, según datos del Buró Comercial de Profeco, entre 2021 y 2025 la CFE acumuló alrededor de 37 mil quejas relacionadas principalmente con errores de cálculo, cobros extraordinarios y negativas para corregir cargos indebidos, manteniendo además 2 mil 849 expedientes en trámite.
El legislador sostuvo que la energía eléctrica es uno de los servicios públicos más importantes para el desarrollo económico y social del país, por lo que resulta indispensable fortalecer los mecanismos de atención ciudadana y garantizar que la falta de respuesta institucional no termine afectando los derechos de las personas usuarias.
La iniciativa, añadió, busca reforzar los principios de eficiencia, transparencia, legalidad y certeza jurídica, colocando en el centro el derecho de la ciudadanía a recibir atención oportuna por parte de una empresa pública responsable de un servicio estratégico para millones de mexicanos.
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Foto:Tomada de CFE-trabajada ChapGPT
