
Por: Francisco Bravo
Santiago.- El ingreso de cientos de niños haitianos a Chile derivó en una de las investigaciones migratorias más complejas de los últimos años, luego de que organismos públicos detectaran la semana pasada irregularidades en los procesos de autorización y dificultades para establecer el paradero de los menores.
Una investigación con datos del Servicio Nacional de Migraciones, la Contraloría General y la Fiscalía reveló posibles anomalías en el ingreso de niños haitianos al país bajo la figura de reunificación familiar, situación que abrió pesquisas por eventuales delitos de tráfico de migrantes, falsificación de documentos, cohecho y otras infracciones asociadas a los procedimientos migratorios.
Según antecedentes recopilados por las autoridades migratorias nacionales, 486 niños, niñas y adolescentes haitianos ingresaron a Chile entre 2024 y 2025 acompañados por solo 12 adultos, tanto chilenos como extranjeros, en el marco de procesos de reunificación familiar.
La cifra llamó la atención de los organismos fiscalizadores debido a la gran cantidad de menores vinculados a un número reducido de acompañantes.
La reunificación familiar es un mecanismo legal que permite a migrantes residentes en Chile solicitar el ingreso de familiares directos; sin embargo, la investigación apunta a determinar si algunos de esos procesos fueron utilizados de manera irregular mediante documentación insuficiente o relaciones familiares que no habrían sido debidamente verificadas por las autoridades competentes.
Además, la Contraloría General activó una alerta afirmando que el paradero de 64 de estos niños no era claro, lo que puso en marcha una búsqueda exprés de la Policía de Investigaciones (PDI, policía civil) para ubicarlos.
Esta semana, las autoridades policiales confirmaron que ya lograron ubicar a 52 de ellos, quienes se encuentran junto a familiares o adultos responsables, están incorporados al sistema escolar y cuentan con acceso a la red de salud.
Parte de las dudas se concentran ahora en decisiones administrativas adoptadas durante años anteriores, incluyendo procedimientos que flexibilizaron la validación de determinados documentos provenientes de Haití, país que enfrenta desde hace años una profunda crisis institucional y dificultades para emitir y legalizar documentación oficial.
COMISIÓN INVESTIGADORA
El diputado Stephan Schubert, militante del Partido Republicano (ultraderecha), impulsó la creación de una comisión investigadora especial en la Cámara de Diputados que indagará el caso y las posibles responsabilidades de funcionarios públicos y organismos estatales.
El parlamentario dijo a la Agencia Sputnik que es de suma importancia encontrar el origen de las “fallas en el sistema que están generando una crisis migratoria en Chile”.
“Durante la administración del expresidente Gabriel Boric (2022-2026) se flexibilizaron los requisitos para el ingreso de ciudadanos de Haití, y hoy debemos responder las preguntas ¿Cómo ingresaron estos menores? ¿Quiénes los recibieron? ¿Efectivamente quedaron bajo el cuidado de sus padres o apoderados? Mientras no tengamos certeza sobre esos antecedentes, es necesario investigar a fondo”, afirmó.
Schubert aseguró que la prioridad de las autoridades debe ser dar “con el paradero de todos los menores y tener certeza de que se encuentran a buen resguardo, y que sus derechos estén siendo protegidos, enseguida, posteriormente, se debe analizar qué falló y cómo evitar que esta situación vuelva a ocurrir”.
Por último, indicó que si bien aún no se conoce la razón de esta posible irregularidad, hay espacio para imaginar distintos escenarios.
“Sabemos que en Chile existen delitos como el tráfico de niños, el abuso o incluso el tráfico de órganos. No estoy afirmando que eso haya ocurrido en este caso, pero mientras no exista claridad absoluta sobre el destino de estos menores, corresponde actuar con la máxima preocupación y tomarse esta situación con toda la seriedad que merece”, agregó.
SOSPECHAS DE TRÁFICO DE MIGRANTES
La Fiscalía Nacional abrió una investigación para determinar si detrás de estos ingresos existió una estructura organizada que facilitó el traslado de menores utilizando la figura de reunificación familiar.
Entre los elementos que despertaron sospechas figuran la reiterada participación de algunos adultos acompañando a numerosos niños, la eventual utilización de documentos cuestionados y posibles deficiencias en la verificación de antecedentes por parte de organismos públicos.
Las pesquisas también buscan establecer si funcionarios públicos pudieron haber incumplido protocolos o facilitado procedimientos que terminaron permitiendo el ingreso de menores sin una acreditación suficiente de los vínculos familiares declarados.
La semana pasada el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile decidió poner fin a las funciones de Rafael du Monceau como cónsul del país en Puerto Príncipe e instruyó una investigación administrativa para esclarecer posibles irregularidades durante su gestión.
La investigación busca determinar si existieron cobros indebidos en el consulado chileno a ciudadanos haitianos para obtener atención preferente o acelerar la entrega de documentación necesaria para sus procesos migratorios a Chile, competencias que en materia de visas y permisos corresponden al Servicio Nacional de Migraciones.
El Gobierno chileno creó una fuerza de tarea especial destinada a coordinar la búsqueda de los menores y recopilar información entre los distintos organismos involucrados.
La iniciativa reúne a instituciones vinculadas a migración, infancia, seguridad y justicia.
Además, designó en Haití al diplomático Marco Aguayo como embajador en misión especial dedicado exclusivamente a investigar todos los antecedentes en el contexto de estas indagatorias.
La investigación también ha generado preocupación dentro de la comunidad haitiana residente en Chile.
Dirigentes y líderes de la comunidad han realizado diversas vocerías pidiendo evitar estigmatizaciones y que a sus connacionales se les trate como sospechosos de algún delito antes de que se aclare la situación.
Además, manifestaron su total disposición a participar del proceso investigativo, colaborando en todo con la justicia.
La policía continúa intentando determinar el paradero de todos los niños, mientras la Fiscalía busca esclarecer si las irregularidades detectadas corresponden a la acción de una organización destinada a aprovechar vulnerabilidades del sistema migratorio chileno.
Mientras tanto, el Congreso indaga errores o delitos administrativos de entidades públicas.
La comunidad haitiana constituye una de las poblaciones migrantes más importantes de Chile.
De acuerdo con el Censo de 2024, 80.781 personas nacidas en Haití residen actualmente en el país, mientras que estimaciones del Servicio Nacional de Migraciones elevaba esa cifra a casi 200.000 habitantes.
Son la cuarta colectividad extranjera más numerosa después de las provenientes de Venezuela, Perú y Colombia.
La mayor parte de esta población se concentra en Santiago, seguida por Valparaíso (centro) y Maule (centrosur). (Sputnik)






