La Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado aprobó el inicio de una etapa de investigaciones y diligencias dentro del procedimiento de juicio político promovido contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, por presuntas irregularidades relacionadas con una posible triangulación de recursos públicos.
La decisión fue respaldada por nueve votos a favor, uno en contra y una abstención, con lo que el órgano legislativo dio luz verde para recabar información que permita esclarecer el destino de los recursos señalados en la denuncia.
La presidenta de la Comisión Anticorrupción, la diputada Armida Serrato Flores, informó que, como parte de su contestación al procedimiento, el mandatario estatal sostuvo que los recursos públicos dejan de tener ese carácter una vez que son pagados a proveedores privados, por lo que éstos pueden disponer libremente de ellos, incluso para cubrir honorarios de abogados, sin que dichas operaciones estén sujetas al escrutinio público.
“Él señala que los supuestos recursos a que se hace alusión, en todo caso, no son públicos, pues al entrar al patrimonio de los proveedores adquieren la connotación de privados y, por ende, lo que se realice con posterioridad se encuentra fuera del escrutinio público”, explicó la legisladora.
Como parte de la etapa de investigación, la Comisión solicitará información a 69 instancias, entre dependencias estatales, organismos federales y diversas instituciones, con el objetivo de reconstruir el flujo de los recursos y determinar si existieron irregularidades.
Entre las autoridades que serán requeridas se encuentran el Instituto Registral y Catastral, la Contraloría General del Estado, la Secretaría de Economía federal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, además de instituciones educativas y los 12 proveedores relacionados con los hechos denunciados.
Asimismo, los legisladores solicitarán información fiscal, registros de transferencias bancarias y declaraciones anuales a las autoridades competentes para fortalecer la investigación y conocer el posible destino de los recursos.
Armida Serrato detalló que las dependencias e instituciones requeridas contarán con un plazo de seis días hábiles para entregar la información una vez que sean notificadas oficialmente.
La diputada señaló que el acuerdo aprobado se sustenta en la Ley de Juicio Político y en el análisis del expediente, así como en las respuestas emitidas previamente por la autoridad señalada, con la finalidad de integrar mayores elementos antes de la elaboración del dictamen correspondiente.
Respecto a la petición presentada por el gobernador Samuel García para suspender el procedimiento mientras se resuelven diversos incidentes procesales, la Comisión determinó que dicha solicitud será atendida en la etapa correspondiente, al precisar que, conforme a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la legislación vigente, esos incidentes no detienen el procedimiento principal, aunque deberán resolverse antes de emitirse el dictamen definitivo.
Durante la misma sesión, los integrantes de la Comisión Anticorrupción también aprobaron solicitar al Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León la designación de un defensor público que represente al gobernador Samuel García durante el desarrollo de todas las actuaciones del procedimiento de juicio político.
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