La reforma busca cerrar un vacío legal utilizado para comercializar unidades y autopartes de procedencia ilícita, además de brindar mayor protección a empresas y compradores.
Una práctica utilizada por grupos dedicados al robo y comercialización ilegal de vehículos ya podrá ser perseguida con mayores herramientas jurídicas, luego de que entrara en vigor la reforma al delito de robo equiparado para unidades obtenidas mediante contratos de arrendamiento y que posteriormente no son devueltas a sus propietarios.
La modificación al marco legal fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, con lo que las autoridades contarán con mayores elementos para investigar y sancionar a quienes utilizan el arrendamiento vehicular como mecanismo para apropiarse de automóviles que después son desmantelados o vendidos con documentación alterada.
El diputado local de Movimiento Ciudadano, José Luis Garza Ochoa, impulsor de la iniciativa, explicó que la reforma nació a partir de reuniones con representantes del sector arrendador, quienes expusieron que la legislación vigente dejaba un vacío que era aprovechado por organizaciones dedicadas a este tipo de fraude.
De acuerdo con el legislador, uno de los esquemas detectados consistía en celebrar contratos de arrendamiento de manera legal para posteriormente incumplir con la devolución de las unidades, modificarlas o venderlas en el mercado negro, afectando tanto a las empresas propietarias como a ciudadanos que adquirían los vehículos sin conocer su origen ilícito.
Además del perjuicio económico para las compañías arrendadoras, esta práctica también representaba un riesgo para compradores de buena fe, quienes podían invertir sus ahorros o contratar créditos para adquirir automóviles o autopartes con documentos falsificados, exponiéndose posteriormente a procesos legales y a la pérdida de su patrimonio.
Durante la presentación de la reforma, representantes de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVe) señalaron que este nuevo marco jurídico fortalece la protección patrimonial y coloca un precedente para enfrentar una modalidad delictiva que se ha extendido en distintas regiones del país.
Por su parte, autoridades de la Fiscalía General de Justicia destacaron que la modificación legal es resultado del trabajo conjunto entre el Poder Legislativo, las instituciones encargadas de la procuración de justicia y el sector privado, con el propósito de construir una legislación que atienda problemáticas detectadas en la práctica.
Con la entrada en vigor de esta reforma, se busca reducir el mercado ilegal de vehículos obtenidos mediante arrendamiento, brindar mayor certeza jurídica a las empresas del sector y evitar que más ciudadanos sean víctimas de fraudes relacionados con la compra de automóviles o autopartes de procedencia ilícita.
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