Mientras Estados Unidos decomisa una fortuna multimillonaria ligada al capo, en México las autoridades admiten que no existe una sola propiedad asegurada directamente a su nombre.
Durante más de cuatro décadas, Ismael “El Mayo” Zambada fue considerado uno de los hombres más poderosos del narcotráfico internacional. Su nombre estuvo ligado al crecimiento del Cártel de Sinaloa, a una estructura criminal que operó durante años en varios continentes y a una fortuna que, de acuerdo con las investigaciones realizadas en Estados Unidos, alcanzó dimensiones multimillonarias. Sin embargo, este martes, una declaración del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dejó al descubierto una realidad que resulta tan sorprendente como inquietante: en México no existe un solo bien asegurado directamente a nombre del capo sinaloense.
La respuesta fue clara. Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, un reportero cuestionó al funcionario sobre el patrimonio de “El Mayo”. García Harfuch respondió que “a su nombre, no”, al explicar que las autoridades sí han congelado cuentas y asegurado propiedades relacionadas con organizaciones criminales, pero ninguna aparece oficialmente registrada a nombre de Ismael Zambada. Agregó además que cualquier asunto relacionado con la sentencia o un eventual traslado del narcotraficante corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República.
La afirmación, lejos de cerrar el tema, abre un debate de enorme relevancia. Si durante años los gobiernos de México y Estados Unidos sostuvieron que “El Mayo” dirigía una de las organizaciones criminales más poderosas del planeta, resulta inevitable preguntarse cómo es posible que el Estado mexicano no haya logrado asegurar un solo inmueble, empresa, cuenta bancaria o activo que legalmente estuviera registrado a su nombre. Desde luego, los especialistas en delincuencia organizada coinciden en que los grandes capos rara vez aparecen como propietarios de sus bienes. Utilizan prestanombres, familiares, empresas fachada y complejas redes financieras para ocultar el verdadero origen de su patrimonio. Sin embargo, esa explicación técnica no elimina la dimensión política e institucional de la declaración.
El contraste cobra todavía mayor fuerza porque apenas un día antes la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República analizará la posibilidad de reclamar para México parte de los aproximadamente 15 mil millones de dólares cuyo decomiso fue ordenado por una corte de Estados Unidos dentro del proceso judicial contra “El Mayo” Zambada. Es decir, mientras las autoridades estadounidenses lograron documentar una fortuna de proporciones históricas y ordenaron su confiscación, en territorio mexicano se reconoce que no existe un solo bien asegurado directamente al hombre que durante décadas encabezó una de las organizaciones criminales más influyentes del continente.
La respuesta de García Harfuch también exhibe uno de los mayores desafíos que enfrenta el combate al crimen organizado: seguir la ruta del dinero. Las detenciones representan golpes importantes para las organizaciones delictivas, pero el verdadero debilitamiento ocurre cuando se desmantelan sus estructuras económicas, se identifican las empresas utilizadas para lavar recursos y se recupera el patrimonio generado mediante actividades ilícitas. En ese terreno, las propias palabras del Gobierno federal muestran que aún existen enormes pendientes.
Desde nuestra redacción, la declaración del secretario de Seguridad no solo responde una pregunta de la prensa; también abre otra mucho más incómoda para el Estado mexicano. Si durante décadas se persiguió al hombre que dirigía una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, pero hoy no existe un solo bien asegurado directamente a su nombre en México, entonces el combate al narcotráfico sigue enfrentando su mayor desafío: perseguir el dinero y no únicamente a sus líderes.
Porque mientras las fortunas ilícitas logren ocultarse detrás de prestanombres, empresas fachada y estructuras financieras opacas, los golpes contra los grandes capos seguirán siendo incompletos. Capturar a un líder criminal representa un triunfo para las instituciones; recuperar la riqueza con la que construyó y fortaleció su organización es lo que verdaderamente debilita al crimen. Y hoy, con las propias palabras del Gobierno federal, queda claro que esa sigue siendo una de las asignaturas pendientes del Estado mexicano.
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